En cualquier reforma agrícola de la PAC, el verdadero morbo estuvo siempre en las negociaciones territoriales que protagonizaron los consejeros de agricultura de cada comunidad autónoma y el propio Ministerio. Con más o menos tensión política, según el proceso del que hablemos, y girando el debate sobre los recortes en el presupuesto que han ido a menos, se emitía un aplauso o abucheo en función del peso de la gobernanza territorial y del poderío del partido que diera soporte al Ejecutivo.
En la última de 2013 por ejemplo, Miguel Arias Cañete, despachó el modelo de reparto sin demasiados sobresaltos políticos al contar con el apoyo, el silencio o la conveniencia de la mayor parte de aquellas comunidades presididas por el Partido Popular (PP), como ejemplo de disciplina o susurro de conveniencia. La entonces consejera de Castilla y León, Silvia Clemente, intentó marcar alguna distancia, y acabó más tarde fuera de la Junta. Después lo intentó con Ciudadanos.
Pero volvamos al acuerdo en Bruselas. Una vez cerrado allí, fueron meses de trabajo técnico para intentar amoldar los cambios que exigía la UE a un tapete relativamente elástico con el fin de amoldarlo al cuerpo de la agricultura y la ganadería de cada país. Nadie quería en ese momento cambios bruscos, y aunque la mayoría de los países europeos arriesgaron más, el entonces ministro de Agricultura optó por ampliar costuras de la tela para ofertar finalmente un patrón de 52 áreas o regiones agronómicas como intentando que todos los que hasta ese momento se beneficiaban del sistema, se mantuvieran en el mismo. El resultado no fue equitativo.
De esta manera, se elevaron las hectáreas admisibles, se simplificó relativamente la burocracia hasta dejar en 300 euros el suelo mínimo de cobro, se introdujo un pago verde de relativo fácil cumplimiento, y se adaptaron las primas ganaderas a una bolsa presupuestaria que representaría el 12,5 por ciento del sobre nacional. Se dejó fuera, por ejemplo, una reivindicación histórica de Castilla -La Mancha como la ayuda al olivar de bajo rendimiento que ahora quieren recuperar.
Los derechos históricos -que sirvieron de cálculo para computar los importes- siguieron siendo el eje del reparto. Y ahí estuvo la clave del desequilibrio que denuncia la actual Consejería de Castilla -La Mancha para defender una convergencia real que tratan de mantener antes de que entren en vigor las nuevas reglas del juego.
De hecho, será el principal caballo de batalla en la próxima cumbre que el ministro Luis Planas convocará en mayo para medir el ansiado consenso en torno al plan estratégico de aplicación de la nueva reforma, donde no está claro cuándo deberían desaparecer.
Poco ha trascendido de las reuniones bilaterales que sigue manteniendo con las regiones, aunque son pocas las que han querido verbalizar cómo jugarán su baza en la próxima cita.
En Castilla -La Mancha, el consejero de Agricultura, pendiente de reunirse todavía con el mandatario de Atocha, ha optado por recuperar el ‘documento de Almagro’ que un 21 de marzo de 2018 firmó en dicha localidad ciudadrealeña con el consejero de Aragón, (también mostró apoyo después Cantabria), para actualizar y concretar la posición.
Lógicamente ahora hay más elementos para el debate y la discusión. Por eso, partiendo de esta sintonía política, estas dos regiones -que representan el 30 por ciento de la superficie elegible- quieren que esas referencias desaparezcan desde 2023. Consideran que no hay que esperar más. También defienden que la convergencia de las ayudas que el próximo año podrían atenuar su intensidad por las críticas surgidas en comunidades como Andalucía, y también entre las organizaciones agrarias, recupere al 100 por cien su ritmo desde que se estrene la nueva PAC.
Ambas comunidades sellan también una alianza sobre el modelo ideal de ecoesquema para la ecológica después de que el Ministerio haya mostrado dudas en pasar las subvenciones al primer pilar como pedían.
Todo está por ver. Y por eso los movimientos son razonables porque ya no queda tanto para saber si el acuerdo es tan factible como espera Planas y cumplir con plazos que no admiten más fechas en el calendario.