El argumentario es insistente, y el gobierno no se aparta de él ni un milímetro: el PP está empeñado en bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, solo el PP es el culpable de esa situación anómala y muy grave. Y como está cargado de razón al denunciar esa bloqueo sistemático del principal partido de la oposición, Sánchez y sus ministros, encabezados por Llop y Bolaños, tampoco se piensan apartar ni un milímetro de la posición que mantienen ahora. .
Ha aparecido un nuevo personaje en el conflicto y, con ese personaje, una poderosa institución: la Unión Europea.
Llevan tiempo advirtiendo a España que no se puede consentir que no tome medidas para impedir que el órgano que decide sobre la organización y control del trabajo de los jueces se encuentre con las manos atadas para tomar cualquier tipo de decisión, pero la reacción de Moncloa ha sido la más insólita: considerar al comisario de Justicia parte del problema porque está haciendo suya las tesis del PP.
Hace meses que Bruselas, el comisario Reynders e incluso miembros del Tribunal Europeo de Justicia trasladaba al gobierno español que los miembros del Consejo debían ser elegidos por los jueces y, de cara al CGPJ español, que lo que sí estaban dispuestos a admitir era la renovación a través de la metodología actual pero con el compromiso de que se abordara a continuación, de forma inmediata, el método de elección de los miembros del Consejo. La respuesta del gobierno ha sido clara: no. E insiste en que el PP bloquea y bloquea. No contempla cambiar el modelo de elección.
Ese sostenella y no enmendalla tiene el valor que tiene, todos los días el gobierno rectifica aunque pocas veces reconoce que lo hace como ocurre ahora con las medidas fiscales. Pero con la iglesia hemos topado, y desde Bruselas han enviado un mensaje nítido a raíz de la visita de Reynders: que el asunto debe estar resuelto, sí o sí, antes de que España ocupe la presidencia del turno de la Unión Europea en el último semestre al 23.
Son ya palabras mayores. En primer lugar, por el descredito que supone para España una reconvención que se equipara al malestar que se siente en Bruselas respecto a Polonia y Hungría, que se toman las decisiones de la UE a título de inventario. Segundo, porque un Pedro Sánchez que está en una situación muy difícil desde el punto de vista electoral, confiaba su remontada a esa presidencia europea que, aunque no tiene capacidad decisiva, sí da presencia internacional al jefe del gobierno del país que ocupa esa presidencia rotatoria y temporal.
El toque de atención actual es asunto serio para Sánchez. Pero ese toque sería más serio todavía, en todos los aspectos, si antes de junio Pedro Sánchez no cumple con los modos que Bruselas considera indispensables para garantizar la independencia de los jueces al poder político.