José María San Román Cutanda

A Vuelapluma

José María San Román Cutanda


Lesmes defendió la plaza

13/09/2021

Si la consagración del principio de legalidad es la base de cualquier estado democrático que se precie de serlo, el de independencia judicial se hace resorte imprescindible para garantizar tanto los derechos fundamentales de los ciudadanos como su correcto ejercicio y desenvolvimiento en el panorama social de cada tiempo. Bajo la presidencia del Rey, el pasado día seis de septiembre se celebró solemnemente el acto de apertura  del Año Judicial, en el que el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, defendió a capa y espada durante su intervención la más que absoluta necesidad de recordar esta independencia judicial tan buscada por algunos y tan vilipendiada por otros.
A lo largo de las catorce páginas que ocupa su intervención, que puede ser consultada en la web del Consejo General del Poder Judicial, Lesmes describió y criticó con admirables valentía, educación y pundonor las injerencias más que indeseables que diariamente sufre la independencia judicial, a las que en estos momentos se añade la paralizada renovación de los miembros del Consejo. Las críticas negativas que ha recibido, que no son pocas, pienso que se deben a una falta de comprensión del origen de la justicia, configurada en nuestro Derecho como un valor superior del ordenamiento jurídico que vincula por igual a todos los ciudadanos y a todos los poderes públicos. Tanta es la importancia que el legislador da a la consagración de la justicia como valor superior que nuestro sistema de poderes le confiere uno independiente y separado del resto de poderes del Estado. Además, conforme a nuestra Constitución, «la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley», de manera que se debe entender la posición  independiente del Juez, que consiste en juzgar y ejecutar lo juzgado, en términos positivos como independiente de cualesquiera poderes y en términos negativos como operador jurídico vinculado por una relación de dependencia únicamente con la Ley.
Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, hay que partir de la base de que es un organismo separado de los tres poderes del Estado, lo cual no es sino una obligación marcada por la separación de poderes, por la debida independencia que se le exige y por sus funciones constitucionales de abordar y resolver las cuestiones referentes a nombramientos, ascensos, sanciones e inspección. Lesmes calificó de «insostenible» la situación que ha provocado la no renovación de los miembros del Consejo. En efecto, tener paralizado e interino al órgano fiscalizador del Poder Judicial por una cuestión netamente política resulta de una grave irresponsabilidad por parte tanto de los grupos políticos que lo están provocando como de los que lo están consintiendo. Todos, sin excepción de ninguno de ellos, han olvidado el auténtico sentido de estado, que en este supuesto concreto consiste en procurar el funcionamiento más eficaz de las instituciones al servicio de los ciudadanos, priorizando este interés frente a los suyos propios. A ello también se refirió Lesmes al quejarse de las ocasiones en las que «la labor de los jueces y su independencia se ponen en ocasiones en entredicho -especialmente desde algunas instancias políticas- cuando las decisiones judiciales se contraponen a sus designios, dificultan sus estrategias o, simplemente, no son de su agrado», que causan situaciones de hipocresía política tan sangrantes como los indultos a los independentistas por parte del gobierno socialista de Sánchez o la posición del gobierno de Rajoy en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial totalmente opuesta a su programa electoral y a la independencia judicial, con las que los sucesivos Ejecutivos pretenden corregir y afear la actuación jurídica de profesionales de intachable prestigio y darse el gusto de ganar las guerras que declaran apelando al derecho a la pataleta y sin ningún argumento fundado jurídicamente.
No obstante, creo que todo este caos tiene su origen en una culpa compartida de las fuerzas políticas mayoritarias del hoy compartido y del pasado, por no plantearse la idea de que los jueces deben elegirse entre sí mediante criterios de capacidad, mérito, antigüedad, igualdad y compromiso con su labor, entre otros tantos valores. Así lo hacemos el resto de operadores jurídicos. Lo que también hay que preguntarse es si nuestros políticos de ayer y hoy, de derecha y de izquierda, han entendido que el Poder Ejecutivo exige de una dosis de separación del interés particular o partidista con respecto del interés general. Necesitamos como el comer una reeducación seria y renovada de lo que son los poderes del Estado y su separación efectiva. Aunque salgamos del paso y pongamos una tirita al asunto de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, no avanzaremos en serio mientras nuestros representantes políticos no ahonden en la idea de que España y los españoles estamos por delante de cualesquiera poderes y de que esos poderes deben aplicar la imparcialidad, buscar la independencia y estar al servicio de la Constitución, de la democracia y del pueblo que ejerce su soberanía antes de estarlo de cualquier injerencia que comprometa el funcionamiento correcto del estado de Derecho.
En su intervención, me parece que Lesmes quiso sentar las bases de una nueva visión del Consejo General del Poder Judicial depurada de las contraindicaciones que lo enturbian como la intervención política en su organigrama. Y sí, apoyo modificar la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial para acabar tanto con las capillas internas como con los puyazos externos que recibe de gobiernos cada vez menos duchos en los rudimentos esenciales de la democracia. Lesmes supo defender la plaza con dignidad y rotundidad, y pensó en los intereses de España a través de los ojos de quien dirige a quienes juzgan y ejecutan lo juzgado, cuyo mandato es el de aplicar la Ley con independencia para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, sean quienes sean. Enhorabuena, Señoría.