España y Europa se están viendo azotadas por unas persistentes olas de calor jamás conocidas en muchas latitudes que nos deberían llenar de preocupación, no sólo por los efectos que en la flora y la fauna están teniendo como consecuencia de los numerosos y catastróficos incendios forestales producidos por ellas, sino también por el alto coste en vidas humanas que se están cobrando.
La urgencia climática es una emergencia desde hace tiempo y ha pasado a formar parte de los discursos políticos, en algunos casos únicamente para negarla. Desgraciadamente, en la práctica, esta urgencia no se ha concretado en medidas relevantes que, sin duda, conllevarían la necesidad de introducir cambios significativos en nuestros hábitos cotidianos y, obviamente, también sacrificios, fundamentalmente en nuestros patrones de consumo con el objetivo de mitigar el fatídico impacto al que estamos sometiendo a nuestro entorno. Algunos debates políticos se han centrado en riesgos inexistentes, como cuando el terrorismo de ETA apareció, de forma reiterada, en el pasado debate del Estado de la Nación, mientras que se pasó de puntillas sobre las que, ahora, están resultando ser grandes amenazas globales; con una repercusión clara en los hábitats, que provoca pandemias y que fulmina las soberanías por la dependencia energética. Así pues, aunque los negacionismos interesados se esfuercen, los efectos en el clima son evidentes para las generaciones actuales y van a agravarse para las futuras que, como consecuencia de la innación actual, están sentenciadas a enfrentarse a la herencia de un panorama desolador.
No hay bandera ni nación que pueda sacar beneficio, ni a corto ni a largo plazo, de la destrucción a la que está siendo sometido nuestro planeta, aunque ciertamente las situaciones socieconómicas de partida mitigan, una vez más, de manera perversa el reparto del sufrimiento; siendo los colectivos de menor renta los que experimentan con mayor severidad sus consecuencias. Por si esto fuera poco, el egoísmo en el que las sociedades contemporáneas se encuentran instaladas hace que los sectores que detentan el poder económico sean determinantes para impedir un cambio de rumbo que evite el naufragio con terribles resultados al que, a día de hoy, está condenada toda la humanidad. Además, para hacer frente a este cataclismo climático, las alternativas no dependen sólo del entorno más inmediato, sino que requieren una acción coordinada que vaya desde lo local hasta lo global. Por ello, cuando de manera grandilocuente se habla de la necesidad de grandes pactos de Estado, es indudable que los grandes partidos políticos de nuestro país, el conjunto de las instituciones y los agentes sociales deberían estar obligados a abordar de manera prioritaria todo lo relativo a la atención de la emergencia climática y sus consecuencias.
En definitiva, doy carpetazo a esta columna hasta septiembre entre la preocupación y el desasosiego que los últimos acontecimientos medioambientales están produciendo, como un naufrago que arroja una botella al océano con la finalidad de gritar esta pregunta al mundo: ¿Qué estamos haciendo?