razón”. Pero en el caso de las leyes, la suma de apoyos a los textos le otorga una fuerza mucho mayor para poder defenderla. No hablemos ya de la unanimidad, ese concepto tan poco ejercitado últimamente en los parlamentos. Tampoco fue posible llevarlo a cabo ayer en el de Castilla-La Mancha, en el pleno que aprobó el límite de gasto no financiero –más conocido como techo de gasto–, para los presupuestos generales de la comunidad autónoma para el próximo ejercicio 2022. Un techo de gasto que fue aprobado solo con los votos del PSOE, que cuenta con mayoría en la Cámara regional, pero que se topó con los votos en contra del PP, algo más que previsible, y la abstención de Ciudadanos, en un gesto que para su portavoz, suponía tender la mano para seguir llegando a acuerdos con el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page.
No hubo unanimidad ni más apoyos que los del partido que sustenta el gobierno a un límite de gasto con el que habrá todavía que hacer frente, como ya ha ocurrido este 2021, a los gastos extraordinarios derivados de la pandemia, además de intentar dar mayor impulso si cabe a la recuperación económica, sanitaria y social que vendrá con el fondo de reconstrucción de la Unión Europea, pero que necesitará también de recursos propios para que sea más intensa y efectiva. También de la iniciativa privada, por supuesto, pero esta no votaba ayer en las Cortes de Castilla-La Mancha. Habría estado bien contar con esa unanimidad de los grupos para este techo de gasto, en un gesto que habría supuesto un espaldarazo a la política de recuperación, aunque luego a la hora de elaborar los presupuestos, las prioridades de unos y otros puedan presentar indiscutibles diferencias.
Quizá por eso el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, también deseó que la unanimidad presidiera la futura Ley del Agua de Castilla-La Mancha, que ya como anteproyecto de Ley está en manos del Consejo Consultivo para su examen. Luego tendrá que ir a las Cortes para su votación, y el consejero confió en esa unanimidad dada la alta participación que ha tenido en su proceso de elaboración, fruto de la Mesa regional del Agua que aglutina a más de medio centenar de asociaciones y organizaciones, además de partidos políticos a los que pidió “altura de miras” cuando toque votarla. No en vano, destacó que esta ley considera el agua como un “derecho humano”. Un “bien público y no privativo” que responde a un principio de solidaridad entre los territorios más poblados y los menos, o entre los que mejor posibilidad de acceso a este bien tienen y los que menos.
Ser dos a decir lo mismo –en este caso tres, que son los grupos con representación en las Cortes–, no significa que no puedan discutir y mejorar, pero tratándose de una recuperación tras una pandemia, y del agua que en la región escasea, significa que son tres dispuestos a defender los intereses de los ciudadanos, aunque luego se puedan dar matices.