En diciembre de 2021, Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, presentó la primera edición de 'Cifras clave de la cadena alimentaria europea'. Un informe donde reúne una serie de indicadores de interés para la 'Estrategia de la Granja a la Mesa' incluida en el Pacto Verde con el que Europa persigue ser el primer continente climáticamente neutro en 2050. Es decir, llegar a equilibrar para entonces la cantidad de dióxido de carbono que se libere a la atmósfera, retirando una cantidad equivalente. De momento, hasta que la tecnología desarrolle sistemas artificiales, fomentando la captura y almacenamiento natural de carbono mediante la fotosíntesis en la vegetación, en los suelos y en los océanos y promoviendo la compra de créditos de carbono.
Este informe nos dice que entre 2005 y 2020, aunque el valor de la producción agraria aumentó un 32,4%, el Valor Añadido Bruto (VAB) de la agricultura europea solo creció un 22,3% a precios corrientes. Dado que el VAB es el saldo entre la producción y los consumos intermedios – el coste de los bienes y servicios consumidos en el proceso de producción (semillas, animales, combustibles, asesoría, servicios veterinarios, alimentos, combustibles, fertilizantes, etc.)- ese crecimiento se compensó con un aumento del 41,2 % en los costes de producción. Además, sin poder tener en cuenta por falta de datos actualizados el efecto de la crisis sanitaria y de suministro, señala que el VAB en 2020 fue un 1,3% menor que en 2019.
Si bien los precios de todos los insumos han subido significativamente, el de los fertilizantes preocupa al sector agrario, ya que puede correr riesgo su provisión porque las empresas recortan la producción al no poder asumir tarifas energéticas tan elevadas. Además, el Pacto Verde incluirá a los fertilizantes, junto con el cemento, hierro, acero, aluminio y electricidad, entre los productos sometidos al Mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono (CBAM) que obliga, para evitar fugas del mercado y animar a los países terceros a ecologizar su producción, a los importadores a comprar certificados de carbono al precio que se habría pagado, si esos fertilizantes se hubieran sometido a las reglas de tarificación de la UE.
Como tampoco el mercado mundial es de competencia perfecta, no resuelve el problema económico de la asignación de los recursos, por lo que puede justificarse esta intervención del sector público en la existencia de fallos del mercado. En nuestro caso, sería la presencia de efectos externos ambientales, cuando el productor, o el consumidor, solo tiene en cuenta los costes o beneficios individuales, pero no los posibles efectos ambientales beneficiosos o perjudiciales sobre terceros, por lo que el mercado no es eficiente.
De aquí que se apliquen dos principios: 'Quien contamina, paga' y 'Quien no contamina, cobra'. En el primero, se fundamentaría el CBAM que parece llevar más prisa en la UE que el plan de acción para promover la captura de dióxido de carbono en suelos agrícolas y el marco reglamentario para su certificación, basado en el segundo principio, que recompensaría con nuevos ingresos a los agricultores.