Esta España actual sorprende a diario por la falta de reacción ante operaciones escandalosas que cuentan con la simpatía, o incluso el patrocinio, del gobierno sanchista-socialista, mientras se pone el acento en cualquiera de la oposición que se provoque una mínima polémica. Por ejemplo, se sigue mencionando la comisión de menos de 60 mil euros que cobró el hermano de Ayuso como intermediario de la compra de mascarillas para el gobierno de Madrid en las primeras semanas de la pandemia, operación archivada por la Justicia, y se pasa por encima de los más de 30 millones de comisión de la operación similar del ministerio de Sanidad en tiempos de Illa, no suficientemente explicada y que además se hizo a través de una empresa supuestamente domiciliada en un paraíso fiscal.
Por no hablar de cómo habría reaccionado la izquierda si, desde Moncloa, un partido conservador hubiera bendecido, o capitaneado, la maniobra para hacerse con uno de los grupos de comunicación más influyentes del país, deshaciéndose de los consejeros incómodos; lo que ha provocado la dimisión de una consejera que no quiso aceptar ese asalto intolerable. Era el segundo capítulo de una operación que consistió en colocar en ese consejo, hace meses, a personas muy cercanas a Zapatero y a Pedro Sánchez. Aunque no debería sorprender, porque en estos años de sanchismo ha sido habitual la apropiación de las más importantes instituciones del Estado, y está a punto de cerrarse la del Tribunal Constitucional. Eso así, acusando al PP de bloquear las instituciones porque no se avienen a aceptar el juego innoble de un gobierno que no merecemos los españoles que creemos en la separación de poderes y el respeto a la Constitución.
Se acaba de producir un hecho trágico, doloroso, dramático que, de no estar PSOE y Sánchez en el gobierno, habría provocado manifestaciones de las organizaciones que se caracterizan por promover protestas masivas y denuncias de vulneración de los derechos humanos. El asalto masivo de la valla de Melilla ha causado más de 30 muertos subsaharianos, enterrados rápidamente para impedir el análisis forense de los cadáveres. Las imágenes son estremecedoras, y lo primero que ha hecho Pedro Sánchez ha sido exculpar al gobierno marroquí y señalar a las mafias de la inmigración.
Cualquiera que conozca la tragedia de los subsaharianos que se agolpan en el lado marroquí de la valla, cerca de Nador, saben que efectivamente las mafias mueven la inmigración ilegal, pero la policía marroquí actúa con una fiereza sangrante, inaceptable… y la guardia civil que controla el lado español no cuenta con los medios necesarios para parar la avalancha.
Se ha echado de menos una palabra de piedad por parte del presidente, siempre tan cuidadoso para enviar mensajes de solidaridad ante cualquier hecho luctuoso. Pero en esta ocasión tenía la cabeza en otra cosa: no incomodar a su nuevo amigo Mohamed VI y, sobre todo, estar muy pendiente de no descuidar la organización de la cumbre OTAN.