Desde que Toledo se convirtió en destino del turismo cultural, a partir de los años 20 del pasado siglo, visitantes de distinto origen acudían a la ciudad en busca de sus monumentos, de su entorno, siempre con el río y la silueta urbana al fondo, pero también para recorrer sus calles, conocer cómo vivían sus gentes, asomarse a los patios a través de las puertas del zaguán entreabiertas, con sus columnas, su escalera al fondo, sus azulejos, su fuente central con surtidor para aliviar el calor del verano, sus toldos, sus aspidistras y los niños que llenaban el ambiente con sus juegos y voces, como también lo hacían los vendedores con el pregón de sus productos o de prestación de servicios. Todo era parte de los sonidos, olores y colores de una ciudad viva. Era la vida de un casco histórico superpoblado y con multitud de viviendas carentes de condiciones de habitabilidad, que fue cambiando a lo largo de los 60 y de los 70, al tiempo que el país se industrializaba, la sociedad se modernizaba y la Ley del suelo de 1956 facilitaba la aparición de nuevos barrios. A principios de los 80, la ciudad ya se había extendido hacia el norte, con Palomarejos, Santa Teresa, Buenavista y Vistahermosa, y hacia el este, por Santa María de Benquerencia, uno de los polígonos de descongestión industrial de Madrid y en la práctica una 'nouvelle ville' o 'new town' dentro del urbanismo europeo posterior a la segunda guerra mundial.
Por entonces, el Casco histórico ya había reducido población y peso demográfico, con 17.461 vecinos  en 1981 y la densidad demográfica media había descendido de 365 habitantes por Ha edificada en 1950 a 228 en 1981 y 143 en 2022, pero seguía siendo un espacio plurifuncional y el centro de actividad de una ciudad en expansión, concentraba empleo, comercio y servicios, lo contrario de hoy, reducidas sus funciones a  casi sólo el turismo. Por aquellos años, después de la Carta de Amsterdam de 1976 sobre el deterioro de los centros históricos europeos, y de las propuestas del urbanismo de la austeridad, según el modelo de Bolonia, todas las ciudades emprendieron políticas de rehabilitación, como Madrid con su Plan General de Ordenación Urbana de 1985, con el lema:  'terminar la ciudad'. En cambio, en Toledo se aprobaba en 1986 el PMOU hoy vigente, orientado a la expansión y dejando el Casco Histórico a la espera de un Plan Especial que no vendría hasta 1997.
En 1983, se celebró el Simposium Toledo ¿Ciudad Viva? ¿Ciudad muerta?, en el que  concluíamos que el casco histórico era todavía un espacio plurifuncional, con mezcla social y niños, pero que si no se intervenía, se abocaría a la situación actual, a su vaciamiento residencial, pérdida de mezcla social y de funciones. El Plan Especial de 1997 llegó tarde y entre medias se hizo poco, las ayudas a las viviendas fueron insuficientes por la complejidad y costes de rehabilitación para sus vecinos en un espacio de alto valor patrimonial. Las actuaciones oficiales, 'Toledo a plena luz', se centraron ante todo en la recuperación de fachadas y en operaciones de saneamiento estructural. A su vez, el Plan Especial, que resolvió la conexión del casco con el resto de la ciudad mediante remontes mecánicos, ha resultado inoperativo para la recuperación residencial. En la práctica, se limitó a dibujar unas 'áreas de rehabilitación preferente', con el modelo de otras ciudades, Madrid entre ellas, pero sin programas efectivos de intervención y con algo peor: los usos hoteleros se asimilaban a los residenciales pero se les permitía aumentar en un 20% la edificabilidad.
A lo anterior, se añade la erradicación del centro histórico de funciones administrativas, sanitarias y comerciales, y el cierre de conventos. A su vez, el Real Patronato de Toledo, creado por R.D. 1424/1998, de 3 de julio,  y poco después el Consorcio, se orientaban a una meritoria recuperación de monumentos, pero con apoyo insuficiente a la mejora del parque residencial, y más cuando muchas de sus ayudas servían para rehabilitar edificios y viviendas con fines residenciales que terminaban en alojamientos turísticos, sin control de cambio de uso ni devolución de costes por los propietarios, lo que explica la amplia oferta de apartamentos turísticos y la escasa de alquiler residencial. Así se entienden las manzanas vacías de población, que deberían sonrojar a los gestores públicos y que atraen a empresarios decididos a aprovechar el vacío residencial, los bajos precios del suelo y las expectativas de un crecimiento continuo del turismo no siempre avalado por los datos. De este modo, se multiplican las operaciones de concentración de la propiedad, de reestructuración del parcelario y de alteración del paisaje urbano, al facilitarse para usos turísticos el aumento de volúmenes edificatorios y de alturas, la modificación de cubiertas y la desaparición de patios. Eso ya ha ocurrido con el macrohotel del Pozo Amargo y sucederá con los de la calle de la Plata, cuesta de Santa Leocadia y subida de la Granja.
En este contexto, el actual equipo de gobierno municipal se congratula de los macrohoteles como medio para dotar de vida espacios cuyo vaciamiento y pérdida de funciones ha sido favorecido por las administraciones y que el avance de nuevo POM no corrige. Ciertamente, no parece muy razonable cubrir el vacío poblacional con visitantes ocasionales, sobre todo de fin de semana, que añadirán inconvenientes graves para los vecinos: ruido, reducción de plazas de aparcamiento, molestias por el tráfico para depositar y recoger turistas, y para avituallamiento de mercancías, aumento de temperatura por los aires acondicionados y las cocinas, a pesar de la reciente 'Ley de cambio climático y transición energética', de 20 de mayo de 2021, y de la 'Ley del suelo y rehabilitación urbana', de 30 de octubre de 2015. Y todo eso suponiendo que los hoteles de alta categoría no supongan un encubrimiento de complejos para apartamentos turísticos con servicios centralizados en un edificio, lo que no sorprendería por los costes de mantenimiento de hoteles de más de 60 habitaciones y 4 estrellas, necesitados de elementos comunes para justificar su categoría. En este sentido, habría que recordar la tendencia a la reducción de empleos de los hoteles para disminuir costes: de 803 empleados en 2006 a 523 en 2023 según el INE, a pesar del aumento de pernoctaciones.
No parece, pues, que los macrohoteles respondan a turismo sostenible que se demanda desde la Agenda urbana y la Organización Mundial del Turismo, más bien, podrían favorecer lo contrario: turismofobia e impactos ambientales no deseados. Además, las tasas medias de ocupación hotelera de Toledo según el INE, por debajo de otros destinos culturales e  inferiores en 2022 (54%) a las de 2018 (56%), provocan incertidumbres sobre la viabilidad de las grandes instalaciones hoteleras dentro de la ciudad, de más de 1.000 m2 de superficie, a no ser que se orienten subrepticiamente a apartamentos turísticos. En ese contexto, la Modificación 32 del PGMOU de 1986, que limitará los pisos turísticos al 20 % de las viviendas actuales, conforme a lo aprobado en Madrid en 2019 y después de 8 años de inacción, podría reducir su competencia con los macrohoteles y apartamentos ya existentes, pero dado que no será retroactiva y que muchos no están registrados, es probable que el límite esté superado en ciertos sectores, sobre todo si se tomara como referencia las viviendas realmente ocupadas. Por lo pronto, el número de plazas de alojamiento en la ciudad en 2019 era de 4.066, la mayoría en el centro, y de ellas, más de 1.860 correspondían a apartamentos y pisos turísticos ofertados en la plataforma de Airbnb.
En cualquier caso, ante la desertización poblacional de manzanas enteras, la pérdida de funciones, la desaparición del comercio tradicional y la relegación de los vecinos a los intereses turísticos, sin proyecto de recuperación funcional, es de esperar que los partidos políticos abran debate sobre estos temas y que incluyan en sus programas electorales propuestas concretas, no estereotipadas desde sus cúpulas de poder, como sucede casi siempre, para hacer otra vez del casco histórico un espacio vivo y vivido, de todos y para todos, un lugar en el que los vecinos recuperen protagonismo, con comercios y servicios de todo tipo, y funciones que atraigan a nuevos residentes. Nada de eso es incompatible con un turismo inteligente, sostenible y responsable, y con medidas como las tasas turísticas que aplican la mayor parte de las ciudades europeas y que revierten en especial atención a las zonas que soportan la mayor presión de foráneos, sin que ello desaliente la visita. Las fórmulas para la recuperación del centro están inventadas y son conocidas, las posibilidades existen, pero pasan por priorizar la calidad de vida de los vecinos y aprovechar las oportunidades de los valores patrimoniales y medioambientales del conjunto de la ciudad, con un río que requiere integración y no invasión de sus márgenes por usos residenciales, hoteleros y de otro tipo, como un cuartel de 37.000 m2. Sólo así, mezclando usos del suelo  y funciones, se garantizará calidad de vida y se podrán recuperar vecinos y un turismo sostenible, que hoy no lo es y que lo será menos con estrategias empeñadas en la 'disneylandización' y el crecimiento hasta el infinito de las plazas hoteleras