Se cumplen cuatro años de la extinción jurídica de las viejas comunidades de regantes del Alto Guadiana y de su conversión, por imperativo legal, a comunidades de usuarios de aguas subterráneas, CUAS. Un proceso que administrativamente fue complicado pero que trajo consigo una encomienda de gestión para lograr conjuntamente el buen estado y la recuperación de las masas de agua, a través de planes de ordenación de un recurso declarado -por otra parte- como sobreexplotado. Compleja misión.
Desde el primer día, el esfuerzo de interlocución y entendimiento ha sido una constante, tanto de los agricultores con la administración hidráulica como viceversa, seguramente con más acierto unas veces, con involuntarios desatinos las siguientes. Aunque debe ser muy difícil encontrar salidas cuando no hay más agua, ni dinero ni presupuesto como  tuvo entonces el Plan Especial del Alto Guadiana (5.000 millones de euros) antes de que encallase en las riberas del olvido, dejando en papel mojado las páginas de aquel Real Decreto de Narbona publicado por el BOE.
  Ahora, con todo el proceso de ordenación en marcha, a punto de conocer la tercera planificación de la cuenca (el 30 de abril), el diálogo se resquebraja en el umbral de los juzgados.
   Las dos últimas sentencias que ha emitido el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura avalando algunas demandas del recurso contencioso-administrativo que presentó el año pasado la CUAS ‘Mancha Occidental II’, representan para los 9.000 usuarios de municipios de Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Toledo, un éxito en la defensa de derechos que entienden quedaron vetados o en suspenso con el Plan de Extracciones de riego del año pasado.
   Entonces, la Confederación rechazó la posibilidad de acumular caudales de diferentes pozos, tal y como había autorizado hasta 2019, y los usuarios decidieron recurrirlo. El TSJ, con sede en Badajoz, les acaba de dar la razón y aunque solo permite solucionar los expedientes sancionadores de los agricultores de esta masa, reciben la sentencia como una victoria para los demás. La Confederación lo ve como una ruptura ‘incomprensible’ del compromiso firmado por la recuperación de los niveles freáticos al entender que la suma de dotaciones no representa un ahorro real, porque hay otras fórmulas. Y en frente, productores que reprochan la injustificada tardanza en la resolución de expedientes de legalización que siguen un procedimiento decimonónico hasta su registro con dilaciones de hasta siete años, según denunció recientemente la UPA.
   La actual presidencia no contaba con este giro de guión y se muestra sorprendida y decepcionada por las demandas que, según Samuel Moraleda, quiebran el voto delegado de confianza cuando asegura que algunos de esos mismos representantes callan u otorgan en las Juntas de Explotación o de Gobierno.
   Y se refiere en concreto al otro conflicto generado por los precios del agua para cuantificar los daños al dominio público hidráulico donde explicó ‘A Pie de Campo’ que solo un representante se opuso a la subida de las tasas que ahora también han sido anuladas, «por un defecto de forma».
   La consecuencia de esa suspensión judicial deja en un limbo a más de 1.000 expedientes sancionadores abiertos por extracciones ilegales. Pero la CHG ha presentado casación.
  Los demandantes responden que ser entidades colaboradoras de derecho público no implica ninguna subordinación a la institución si algunas decisiones son contrarias a la ley, pero la administración hidráulica lo entiende como una traición.
   Y así arranca la campaña de riegos que mantiene el recorte del 10 por ciento aprobado en diciembre, con otros dos recursos presentados en contra que resolverán los tribunales en la siguiente. El peligro de judicializar la gestión del Guadiana, parece más que real.