En nuestra colaboración número 15 de 9 de agosto de 2020 sostuvimos que el problema de la Justicia en España no es tanto la independencia del Poder Judicial, que también, cuanto la impunidad de Jueces y Fiscales.
Sosteníamos que para el humanismo cristiano el sistema político que mejor defiende a la persona es la democracia, siempre que cumpla con sus tres pilares fundamentales: la separación de poderes, el estado de Derecho y la libre alternancia de los partidos políticos en el poder. Y afirmábamos que así como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están controlados o contrapesados, más o menos, el Poder Judicial escapa a todo control, de manera que hagan lo que hagan Jueces y Fiscales, nadie puede exigirles responsabilidad. En otras palabras son impunes.
Y poníamos el ejemplo de Rodrigo Rato que a pesar de cumplir los requisitos establecidos para su libertad condicional, se la negaban un secretario general de Instituciones Penitenciarias y un juez de Vigilancia Penitenciaria de marcado carácter izquierdista, o como se dice ahora, progresista. Dicho de otra manera, que si Rato fuera un socialista o un comunista de Podemos habría estado en libertad cuando cumplió los requisitos para ello.
Pues se ha vuelto a repetir el ejemplo en nuestros días. La Fiscalía Anticorrupción filtró a los medios ‘afines’ una nota (dos días antes de que Rodrigo Rato tuviera que comparecer como testigo en el caso de la Caja B del PP), imputándole una serie de delitos y pidiendo una pena de más de sesenta años. Todos los medios y, especialmente, la TV pública, han dado y reiterado la noticia. Pero si tú, amable lector, quieres formar criterio antes de aceptar sin más las manipulaciones a las que nos someten, debes tener en cuenta lo siguiente:
1). La causa contra Rodrigo Rato por la presunta irregularidad en su situación patrimonial la lleva el Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid y no la Fiscalía Anticorrupción.
2). La nota de la Fiscalía Anticorrupción recoge hechos y supuestos delitos que no han sido objeto de instrucción en el citado Juzgado, al que corresponde la dirección del proceso, y que ya decidió los hechos que estaban indiciariamente acreditados.
3). La instrucción de la causa por el Juzgado nº 31 ha durado 6 años, se le han requisado 12 millones de documentos, se han emitido 16 informes por la Oficina Nacional de la Investigación del Fraude (ONIF ) de la Agencia Tributaria, y la fiscal del propio juzgado solicitó dos prórrogas de 36 meses, durante los cuales no se practicó diligencia alguna.
4). Alguno de los hechos y delitos que imputa la Fiscalía Anticorrupción han sido expresamente descartados por el Juzgado Instructor, que ha calificado por tres veces las propuesta de la fiscal, de investigación prospectiva, prohibida por Ley.
5). Al margen del conocimiento de la defensa, y por ello sin posibilidad de defenderse, se ha llevado a cabo una investigación paralela y secreta por parte de la fiscal del caso, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el Seplac (Servicio de blanqueo de capitales) y miembros de la ONIF.
En resumen, de nuevo la impunidad de la Justicia en España, en este caso la Fiscalía Anticorrupción, que actúa sin control, con omnipotencia y con absoluta discriminación según el significado político del investigado. Dicho en otros términos, si Rato se llamase Chaves o Griñan, o simplemente fuese ‘progre’, no tendría estos problemas. Y mientras tano jueces y fiscales siguen actuando con total impunidad.