Aún latentes los múltiples encontronazos y tercas tensiones mantenidas por Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso durante los últimos meses por las medidas impuestas para afrontar la pandemia de coronavirus, el presidente del Gobierno ha reabierto la caja de los truenos a cuenta del pacto con ERC sobre la armonización fiscal entre comunidades y la tormenta vuelve a descargar sobre Madrid, aunque azuza peligrosamente el resto de tensiones territoriales. Los independentistas y el propio presidente han puesto en la diana la estrategia fiscal de Ayuso con virulencia. Rufián habla sin tapujos de ‘dumping y paraíso fiscal’.
La realidad es que Madrid ha podido bajar tanto los impuestos porque se beneficia de una capacidad fiscal que no tiene ninguna otra comunidad gracias, principalmente, a todo lo que arrastra el efecto de su capitalidad: concentración de las grandes compañías multinacionales, de las sedes y órganos gubernamentales, infraestructuras, etc. Eso permite recaudar más con menos tributos. Es evidente que Madrid atrae inversión y capital del resto de España por su menor fiscalidad sobre las rentas más altas y las empresas. Y puede resultar lícito pedir que estas ventajas se corrijan en el descentralizado modelo tributario, como sí que han hecho en otras ocasiones presidentes autonómicos del PSOE y del PP. Pero de ahí a hacer una declaración de guerra contra la política fiscal de Madrid como parte de una estrategia partidista, o incluso electoralista en el caso de ERC, va un trecho difícil de tolerar. El cinismo parece no tener límites cuando se escucha a defensores del cupo, los fueros, el autogobierno y la plurinacionalidad hablar de la insolidaridad de Madrid.
Se antoja perentorio resolver algunas de las incoherencias que acarrea el sistema fiscal federal desde su génesis y el Gobierno debe retomar cuanto antes en su agenda la necesaria revisión del modelo de financiación. Pero cualquier reforma de tal calado debería contar inexorablemente con el refrendo de todas las partes implicadas, su debate debería alejarse de la demagogia y, por supuesto, excluirse del marco de una negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado como moneda de cambio de no se sabe muy bien qué, aunque se puede intuir. Que el gobierno de España pacte con un partido independentista intervenir en la soberanía de otra comunidad para alterarle su autonomía fiscal parecería un irracional sinsentido en cualquier otra circunstancia, hoy ya todo parece creíble y posible. Harían mal, por cierto, quienes emprenden esta arremetida contra la presidenta de la Comunidad en obviar que hasta ahora ha salido airosa y victoriosa de las anteriores.