Dedicado a Angelines Trigo Portela
Llega el momento de poner fin a las reflexiones sobre la necesidad de adelgazar el Estado de nuestros días. Como decíamos en la última colaboración, el intento más serio de reforma de las Administraciones Públicas se produjo con el Gobierno de Rajoy. Veamos algunos logros:
-Se produjo un descenso de 390.000 asalariados públicos (9.600 del Estado, 255.100 de las Comunidades Autónomas y 67.600 de los Entes Locales, incluyendo empresas e instituciones públicas y no clasificables). Ello supuso un ahorro de 680 millones de € para la Administración Central, de 1.637 millones de € para las Comunidades Autónomas y un incremento de 337 millones para los Entes Locales.
-Se cumplió el objetivo del déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas, previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria del 6,5 del PIB. Y se aprobó la Ley de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, para lograr el compromiso de un control eficaz del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la regla de gasto.
-Se aprobó la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que incrementa la transparencia en la actividad pública de todas las Administraciones.
-Se constituyó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, habiéndose suprimido los siete organismos reguladores a los que sustituye, mejorando la eficacia y la seguridad jurídica de los agentes económicos.
-Se procedió a la Reestructuración de Organismos Públicos (fundaciones, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades y consorcios), actuando sobre un total de 67 y suprimiendo, en términos netos, 53.
-Se aprobó la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que permitió la supresión de más de 2.500 normas que ponían trabas al acceso y ejecución de las actividades económicas en las diferentes Comunidades Autónomas y a la libre circulación en el territorio nacional.
-Se aprobó la Ley de Impulso de la Factura Electrónica y creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público y la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, junto con las medidas coyunturales (Plan de pago a proveedores, Fondo de liquidez autonómico y medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a Entidades Locales con problemas financieros), con lo que se logró reducir la morosidad del Sector Público, lo que implicó mejorar la competitividad de la economía española, ya que supuso reducir las necesidades de financiación de las empresas, y permitió mejorar la confianza en el conjunto de las Administraciones Públicas.
Todo ello entre otras muchas medidas a las que no podemos hacer referencia en una colaboración como esta. Pero ¿qué ocurrió? Que en el segundo Gobierno de Rajoy se cansaron de la reforma y no le dieron continuidad. Y cuando salió adelante la moción de censura, el nuevo Gobierno social-comunista hizo todo lo contrario. Luego vino la pandemia y lo que ya sabemos: el gasto público se desbordó y la deuda pública alcanzó niveles históricos.
Después del recorrido que hemos hechos en estos seis artículos sobre el Estado moderno, no te oculto, amable lector, que soy muy pesimista sobre la posibilidad de reducir la dimensión del Estado y del gasto público. Y así, seguiremos aumentado la deuda pública (no podemos pagar ese gasto con los impuestos) y llegará un momento en que entraremos en crisis total. Entonces perderá las elecciones la izquierda, ganará la derecha y vuelta a empezar. Es que somos así.