Los españoles sufrimos un enamoramiento enfermizo de lo público. Seguramente la razón es que confundimos el derecho a disfrutar de un servicio con su forma de gestión; pero el caso es que hablar en muchos sectores sociales de gestión privada, es como mentar 'la bicha'. Sin embargo, tenemos a la vista ejemplos elocuentes de gestión privada de servicios y de colaboración en la gestión, que dan resultados satisfactorios y mucho más baratos.
Estamos viviendo estos días como un servicio tan básico como la sanidad está realmente colapsada, lo que lleva a que cada vez más personas acudan a la sanidad privada para procurarse la atención que no les brinda la sanidad pública. Parece que hasta diez millones de personas disponen de algún tipo de sanidad privada, que ellos mismos se costean además de seguir pagando la pública. Aún así el estrangulamiento de la sanidad pública no solo no se reduce sino que va en aumento.
Se ponen de manifiesto en esta situación dos realidades: una, que la sanidad pública es incapaz de prestar con garantías el servicio universal que pretende. Otra, que el coste para el ciudadano es mucho mayor de lo que figura en los presupuestos públicos, que ya es exagerado, ante obligatoriedad de seguir costeando la pública a pesar de pagar otra privada. Pues aun así, el servicio que presta la sanidad pública dista de ser satisfactorio.
¿Significa esto que hay que cercenar el derecho a la sanidad? Desde mi punto de vista, rotundamente no. Pero sí que tendríamos que replantearnos si la eficacia de la gestión pública es sostenible o hay que profundizar en la colaboración con la privada, por no decir que se debería privatizar su gestión.
Hay un ejemplo de lo que es un servicio público prestado de forma privada que acredita la viabilidad de esta forma de gestión. Son las carreteras. ¿Se imaginan que su construcción y su mantenimiento lo hicieran empleados públicos? ¡No quiero pensar cuál sería su estado ni el coste de su construcción!
Y hay otro ejemplo de lo que es un servicio público, tan básico como la educación, en el que compiten la gestión pública y la privada. Si queremos ser sinceros, no hay color. Si nos atenemos a la demanda que tienen los centros de educación, la educación de gestión privada, aunque se llame concertada, gana por goleada. Sin embargo, a nadie se le niega el derecho a este servicio, del que puede disfrutar cualquier alumno sin discriminación alguna por su poder adquisitivo.
Si realmente el Estado permitiera una competencia limpia entre los servicios gestionados de forma pública y los que lo son de forma privada, los primeros desaparecerían sin tardar mucho. Los mismos ciudadanos que están tan enamorados de la gestión pública, en cuanto tienen ocasión, acuden a la privada. Esto es tan evidente que no valen teorías contra ello.
Seguramente el Estado haría una mejor función controlando a quienes fueran gestores privados de los servicios que haciendo de gestor. Obviamente el control es prioritario e imprescindible para evitar los excesos que siempre se van a producir, porque el acicate de la mayor productividad que pone en ventaja la gestión privada, hará que no siempre las formas de conseguirlo sean todo lo correctas que debieran. Sin embargo, si no queremos acabar en situaciones tercermundistas, replanteémonos la forma de gestión. No queda otra…