Puede resultar lógico que después de más de dos años y medio que costó la negociación política para cerrar el acuerdo de la PAC, como consecuencia también de un Brexit tardío, eterno, y el retraso sobrevenido después por la pandemia hasta validar los nuevos reglamentos, pocos políticos estén dispuestos a dar marcha atrás en su aplicación. Aunque sea por hacer valer el trabajo.
Sin embargo, son ya demasiadas voces las que reclaman un aplazamiento -siquiera de los grandes objetivos medioambientales- por las graves consecuencias de una guerra que nadie imaginó y las incertidumbres que está generando en el despliegue de los programas de aplicación, máxime, ahora, en un escenario de altos costes de semilla, cuando no escasez, fertilizantes, gasóleo, gas o electricidad.
Tras la asamblea general de Asaja Albacete, Antonio, un productor de Bogarra me confesó su intención de apurar hasta final de año su propia sementera con el fin de comprobar la flexibilidad última que aprobará la consejería de Agricultura sobre los requisitos del eco-régimen más clásico y supuestamente facilón como es el de la rotación de cultivos. Porque si como se ha anunciado, las superficies de barbecho se amplían hasta el 40 por ciento de la explotación, dice que no hay dinero que perder. Renunciaría a la vieja "ayuda verde". Porque ¿cuánto perdería realmente por hectárea? Él responde con otra pregunta: ¿cuánto me ahorro vista la sequía, la climatología y el precio de las leguminosas que por tener que ser certificadas para cumplir con las reservas y las nuevas normas, han disparado su precio a niveles imposibles? Esta condición, por cierto, que ha aflorado estos días en las charlas de los pueblos, veremos si también entra en las excepciones para frenar una especulación evidente, más allá de que sea cierto de que falten vezas y otras proteaginosas que podrían servir para cumplir con el porcentaje obligatorio de estas áreas.
Esta misma semana, eurodiputados españoles de la comisión de Agricultura del Parlamento han cuestionado y criticado la cerrazón de la Comisión por mantener objetivos como la reducción del 20 por ciento de abonos químicos en la agricultura, o la preocupante exigencia de rebajar en un 50% de aquí a 2030, el uso de plaguicidas y otros fitosanitarios si al mismo tiempo hay que incrementar la productividad de nuestro campo ante la urgencia alimentaria.
Además, varios países europeos siguen sin tener todavía sus planes estratégicos aprobados por la UE, pese a que España cuente con el visto bueno desde septiembre. Un hecho que refleja en cierto modo la falta de prisa por entrar en el nuevo sistema, -quién sabe si por la complejidad de las propuestas- o la sensación de bloqueo del propio ejecutivo comunitario para validarlos si la reforma tiene que desplegar sus alas el próximo año, en dos meses.
Porque si echamos cuentas, van ya casi tres campañas de prórroga; dicho de otra manera, la nueva PAC tendrá validez solo por otras cuatro más, hasta 2027. Y eso sin contar con los chequeos médicos o revisiones intermedias que plantearán los próximos políticos que surjan de las nuevas elecciones al Parlamento Europeo, cuando empiecen a sugerir el siguiente modelo.
Si hemos llegado hasta aquí por todas las circunstancias descritas, estirando la vieja política agraria sin grandes sobresaltos, ¿por qué forzar la máquina cuando todas las administraciones están buscando recovecos en los márgenes de unos reales decretos (pendientes de BOE) para que ningún productor abandone o haga como Antonio?
La Consejería de Agricultura defiende que con el nuevo sistema, la región percibirá cincuenta millones de euros anuales más. Cierto es que con la convergencia prevista, los pagos más bajos se irán equiparando hasta el final del nuevo período, aunque será mucho después cuando se negocien otras aspiraciones decisivas para una mayor justicia como la supresión de los derechos históricos. Cierto es también que los jóvenes suben un punto en sus pagos básicos, la mujer contará con 15 por ciento más de valor en sus derechos de cobro, la ganadería dicen que sale reforzada, se incorpora una modulación y un pago redistributivo... Sin embargo, dada la emergencia, algunas ambiciones medioambientales al menos, ¿no podrían esperar?