Este  artículo no debería ir  de política. Había elegido otro tema. Pero uno propone y las circunstancias disponen. La noticia, escandalosa, sobresale a pesar de la indiferencia cómplice o estúpida de los medios de comunicación y de los políticos en activo. Y alguien tiene que decir algo para que no parezca que  este es un país de silencios que acepta, como si fuera normal, que unos jueces escriban a la UE una carta en la que denuncian al gobierno de España y piden sanciones contra él. ¿Qué país es este en el que son posibles actuaciones como estas sin que nadie se abochorne y lo diga, se indigne y lo exprese? No iba a escribir de política por su toxicidad. Alejarse de ella, de vez en cuando, es un ejercicio saludable, una medida preventiva contra los cabreos  que provoca. Pero surge una noticia  y no se puede obviar. Porque estamos en tiempos en que los sabios parecen tontos y a los tontos se les presenta como sabios.
La noticia es el hecho, disparatado y peligroso, de 2500 jueces, de adscripción conservadora, enviando a las instituciones de la UE un escrito para que riña y castigue a un gobierno que, según ellos, intenta atentar contra la independencia judicial. En su entender el gobierno les quiere privar de su autonomía y su libertad por lo que debe ser corregido. España, en la versión de esos jueces, no es una democracia completa, (ya lo dijo el señor Iglesias y la derecha montó un gran circo,) en consecuencia debe ser tratada como Polonia o Hungría. Los jueces abiertamente se enfangan en la política y  descubren su implicación con la oposición. No es el asunto  una cuestión de derechas o de izquierdas, va de la democracia o su deterioro.
La Justicia, según los firmantes, se siente amenazada. El gobierno, elegido democráticamente, cumpliendo la legislación establecida, no quiere que  haya un Consejo del Poder Judicial, elegido en los tiempos  del PP, que se mantiene efectivo varios años después de su caducidad. Entre tanto, el órgano caducado hace nombramientos estratégicos. Al día siguiente de la aparición del escrito, el Tribunal Supremo anulaba dos nombramientos de magistrados, hechos por el Consejo del Poder Judicial por, suavemente, «no haber respetado los procedimientos establecidos». Claro, que con los nombramientos del Consejo  se  puedan elegir  jueces que en sus sentencias admitan el fraude en la obtención de un título universitario y el beneficiado no es condenado. Se puede archivar  causas de corrupción o se pueden retrasar los asuntos durante tanto tiempo que el objeto juzgado haya perdido su relevancia social y la justicia su capacidad componedora, correctora y ejemplificadora.  
Los firmantes piden que su máximo órgano de dirección sea elegido entre los jueces en contraposición al modelo  actual en el que una parte de los miembros de ese Consejo son elegidos por consenso de los partidos  en el Congreso y en el Senado, por un periodo limitado.  Plantean un modelo que daría lugar a  la creación de un estamento corporativo, probablemente más atento a los intereses gremiales que al funcionamiento de la   justicia. Y, lo más peligroso, se corre el riesgo de que terminen dirigiendo el país, al margen de los elegidos. Un país dirigido por jueces no elegidos por nadie.  Que la Justicia sea un poder independiente del Estado es una cuestión indiscutible, no lo es que el partido que eligió a los actuales miembros de ese Consejo, se niegue a su renovación democrática.  ¿Por qué los nombramiento del PP no fueron manipulación de la justicia  y tampoco lo es que el PP se niegue a renovar su órgano de dirección?