Este pasado puente ha sido especialmente duro para una familia, pero también, aunque no sea comparable porque estas pérdidas afectan especialmente a los más cercanos, para muchos ciudadanos que han vivido con emoción, dolor y también indignación y condena unos hechos que nunca se deberían haberse producido, que no entran en cabeza humana, como la muerte de la pequeña Olivia, en Gijón. Una situación que ha llevado al ingreso en prisión provisional de su madre por un delito de asesinato, después de conocerse que un acuerdo judicial otorgaba la custodia al padre.
Una niña que habría cumplido siete años en marzo, apodada cariñosamente por los suyos como Pirata, disfrutona nata, como la definía su padre, siempre pendiente de ella, ha hecho saltar las lágrimas a muchas personas, meditando también en lo cruel que puede llegar a ser la vida. 
Desgraciadamente, pese a la gravedad del suceso, hay quien no ha evitado pronunciarse políticamente en unos momentos en los que no provocan otra cosa que hacer permanente el dolor, poniendo en cuestión al sistema judicial, incluso, la ley de violencia de género cargando contra los titulares de juzgados como se ha podido observar en las redes sociales, una vez más perjudiciales, que ha tenido como respuesta el pronunciamiento de diversos órganos explicando el proceso legal que se había seguido desde la separación de la pareja y las peticiones de custodia compartida.
Desde luego, lo importante es el hecho en sí y sus lamentables consecuencias: la pérdida de la vida de una menor por obra de una madre. Pero también, es grave observar que estamos en una sociedad que no sabe dar respuesta a un suceso de tanta trascendencia como el crimen de Olivia y en el que es imposible mantener un debate sosegado dónde se puedan manifestar opiniones sobre aspectos que puedan haber provocado el fatal desenlace. Es más fácil utilizar estas situaciones para enarbolar banderas. Tampoco parece adecuado que la ministra de Igualdad, Irene Montero, no hablara del caso hasta pasados unos días, manteniendo un silencio que se echó de menos. 
Ante el respeto que requiere la situación y también al rechazo frontal a lo ocurrido, hay quien ha puesto la mira telescópica en jueces concretos, incluso en el personal que trabaja en áreas oficiales contra la violencia de género, culpabilizándoles del resultado final al haber mantenido la custodia en la mujer. Legalmente no podía ser de otra manera, porque el padre había recibido una sentencia por malos tratos cuando se encontraba en trámite de separación, ratificada en segunda instancia, aunque fue absuelto de violencia habitual, de lesiones psíquicas y de injurias leves, en una vista oral donde hubo testigos que pusieron de manifiesto el cariño que mostraba a la niña cuando acudía a recogerla a la guardería. Y la de la ahora encarcelada, presentaba fisuras en su línea de testimonio, faltando a la verdad o emitiendo datos que la pudieran desfavorecer, según la sentencia. 
Finalmente, después de haberse marchado a Gijón con la niña, lo que fue recriminado por las autoridades judiciales al carecer de permiso para ello, el juzgado había acordado, a finales de octubre, otorgar la guarda y custodia al hombre al entender que la menor tenía sus raíces en la provincia de Segovia, su padre, su familia extensa, colegio, vecinos y amigos y ese    interés superior de la menor era el que debía primar.