A lo largo de la Historia ha habido muchos sistemas de Gobierno. El Rey o caudillo vinculado al sistema tribal; sistemas colegiados por desconfianza hacía el Poder (con mayúsculas) como eran los consejos de ancianos…. Más adelante también se produjo una cierta identidad entre el Estado y el Gobierno con figuras como el Rey Sol o las dictaduras de todo tipo. En fin, que ha habido sistemas a gusto, o a disgusto, de todos. Pero es la suma de contrapoderes lo que permite limitar el abuso y el ejercicio despótico del poder.
Montesquieu con su división de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial estableció unas reglas de juego que se han adoptado de forma generalizada mediante una norma. Llamémosla Constitución. En España, desde la primera de 1812 hasta hoy, hemos tenido 10 Constituciones. La actual, de diciembre de 1978, va camino de convertirse en la más duradera de todas. Hoy ostenta ese privilegio la de 1876 que estuvo vigente hasta el Golpe de Estado de Primo de Rivera. Todas, a excepción de la actual, terminaron por un golpe de Estado o con una guerra civil.
La de 1978, se aprobó con el voto favorable del 88,54% de los votantes. Un resultado aplastante que confirmaba los deseos de un pueblo que quería salir de una situación de conflicto y logró encontrar puntos de acuerdo para ello. ¿Que no es una norma perfecta? Evidente ¿que se debe reformar? Claro que sí, tiene ya una edad que lo demanda. Pero no se nos olvide que una cosa es querer y deber cambiarla y otra muy diferente es ignorarla o no cumplirla. Y mucho menos que esto parta de miembros del Gobierno y sus allegados.
Por otro lado, recordemos que «toda sociedad en la que no estén formulados los derechos individuales ni establecida la división de los poderes, carece de Constitución» (Art. 16 de la Declaración de los derechos del Hombre y de los Ciudadanos de 1789). Así que merece la pena recordar que legislar por Decreto debe ser una excepción y no la norma, el Poder Judicial debe ser independiente, y que somos una Monarquía parlamentaria en la que los actos del Rey, como Jefe del Estado deben contar con el refrendo del Gobierno, pero esto no implica ignorarle. Y recordar también que el presidente del Gobierno no debe querer ser un Rey Sol.