No hay un solo científico o médico que no alerte sobre la gravedad de la situación e insista en que estamos viviendo lo peor de la pandemia. Expresan su indignación por las constantes palabras tranquilizadoras de Fernando Simón y confiesan que no comprenden por qué el gobierno no toma la decisión obligada: el confinamiento.
Fue la mejor fórmula para luchar contra el covid la pasada primavera, casi noqueó al maldito virus. Levantarlo, más la falta de responsabilidad de miles de españoles que no hicieron caso a los llamamientos de los médicos y científicos, volvió a disparar las cifras. Si a eso se suma la tristemente famosa cepa inglesa que se transmite a velocidad de vértigo, se comprende que estemos como estamos.
No hay por tanto más salida que el confinamiento. Lo piden la mayoría de los gobiernos autonómicos, pero no cuentan con las competencias para ordenarlo; haría falta aprobar un nuevo estado de alarma, que el PP ya ha dicho que apoyaría. Pero el gobierno no quiere, y además no ha movido un dedo para activar el parlamento, que lleva más de un mes sin convocatorias. Es todo tan inaudito, que empieza a cobrar cuerpo una teoría que toma cuerpo a medida que se agravan las cifras: el gobierno no quiere el estado de alarma porque si permite a los presidentes autonómicos que impongan el confinamiento en sus regiones, la Generalitat podría promoverlo en Cataluña, y vendría obligado aplazar las elecciones autonómicas. El candidato Salvador Illa no se encontraría entonces en la misma situación que ahora, con los sondeos –no solo en CIS- colocándolo en una situación óptima para convertirse en nuevo presidente del gobierno catalán.
Esta interpretación malévola cobra cuerpo ante la política miserable que vivimos en España con el gobierno de coalición: se traspasan líneas que nunca se debieron traspasar, se acepta cualquier alianza o iniciativa que permita la continuidad del gobierno aunque vaya contra los principios de cualquier persona preocupada por su país incluidos los votantes socialistas, se dejan de lado las grandes cuestiones de Estado para promover leyes supuestamente sociales que importan a muy pocos, se buscan votos aprobando subvenciones y subidas que llevan al Estado a la quiebra, y se miente y engaña de forma sistemática sin que el presidente de gobierno mueva una pestaña.
Más a más, se obliga a dimitir a la máxima autoridad del Ejército después del Rey porque interpretó a su favor un protocolo del ministerio de Defensa, noticia que deja en segundo término un asunto mucho más preocupante: lo que ocurre con la vacunación en España. El gobierno central no disponía de las vacunas necesarias para su distribución, tampoco tenía un plan nacional de vacunación, cada autonomía se las ha arreglado como ha podido. Ni siquiera garantiza que pueda suministrar la segunda dosis a las personas que ya se han vacunado de la primera.
Aquí vamos a ver a gobernantes procesados por su inacción ante la pandemia. Al tiempo.