Es un problema sin resolver y por lo poco que yo sé del asunto, no existe ningún país que haya conseguido el sistema ideal aceptado por todos. Me refiero a la elección de los miembros del gobierno del Poder Judicial, lo que se llama Consejo General del Poder Judicial.
Es obvio que la democracia no se alcanza por echar una papeleta en una urna cada cierto tiempo. Eso lo hacen casi todos los países y no podríamos decir seriamente que muchos de ellos sean democráticos. La democracia, como los buenos guisos, precisan de más ingredientes, sobre todo de mecanismos que hagan que unos poderes controlen a los otros, de tal forma que hagan de contrapeso entre sí para evitar que ninguno de ellos campe por sus respetos, haciendo ilusorio el ejercicio de los derechos individuales de cada ciudadano.
Realmente el tema es complicado porque cada forma de elección tiene sus pros y sus contras. Quizá el ideal y por eso también el peor sistema -por aquello de que lo ideal es enemigo de lo bueno- sería una elección directa por los ciudadanos, por aquello de que todos los poderes emanan del pueblo, que es el soberano en las democracias. Pero ese sistema llevaría inexorablemente a una absoluta politización del Poder judicial y al final su composición sería similar a la del Congreso, provocando un poder monolítico que haría imposible la democracia.
Podríamos hacer que la elección se hiciera a través de la Jefatura del Estado pero, al ser España una monarquía, los electos carecerían de la base democrática que da su elección popular en las repúblicas. También podría encomendarse la elección a los miembros de la judicatura, pero este sistema, por mucho que ahora se esté idealizando por algunos sectores sociales, llevaría a una absoluta endogamia y carecería de toda representatividad, porque los miembros de la judicatura son funcionarios que no han sido elegidos por nadie, como nadie elige a los inspectores de Hacienda, ni a los miembros de la policía y por eso a nadie se le ocurre que esos funcionarios elijan a los ministros de su ramo.
Pero con ser malos los anteriores sistemas, el peor de todos es la elección por el Congreso si no es con una mayoría muy cualificada que obligue a ponerse de acuerdo a gobierno y oposición.
Para muestra del resultado, baste con ver la reacción del señor Conde Pumpido, ex fiscal general del Estado nombrado por un gobierno socialista y ahora miembro del Tribunal Constitucional. No le ha faltado más que pegar a los miembros del Tribunal que han avalado la sentencia que ha declarado inconstitucional la primera declaración del estado de alarma. Este ‘insigne’ jurista tiene claro quién lo ha colocado en el Tribunal y antes en la Fiscalía General e igual de claro a favor de quién tiene que votar, con o sin razón.
Imagínense lo que ocurriría si todos los miembros del Tribunal hubieran sido elegidos por los partidos que sustentan al gobierno. Podría aprobar las leyes que le viniera en gana sin respeto al principio ni Constitución alguna y dominarían todos los resortes del poder. Al final quedaríamos al dictado de quien dominara el partido gobernante y por esta vía llegaríamos a la dictadura, quizá con urnas, pero dictadura real. Por eso es vital esta elección, porque nos jugamos la democracia.