Opino que no. La Constitución por su propia naturaleza de norma con carga ideológica, necesita ya ponerse al día tras cuatro décadas de funcionamiento aceptable, para renovar el pacto social constituyente, y acercar a los nuevos españoles a la capacidad de dejar su impronta como generación en la Ley de Leyes. Pero la reforma no va a remediar los problemas que no dependen de la estructura política y normativa, sino de los errores de sus ejecutores y de sus agentes políticos (también de sus ciudadanos).
Cualquier nueva estructura constitucional no impediría la corrupción, el desempleo o la radicalización e intolerancia que trae la deficiente educación y cultura cívica. En el caso de la configuración territorial del Estado, la realidad es que la tensión entre unidad y autonomía sigue presente en la actualidad, con gente que clama contra las autonomías y otros que señalamos que el problema no es la descentralización: es la mala distribución competencial. Lo que no se resuelve con cambiar la Constitución es integrar a quien no se quiere incluir de manera alguna. Hace falta dejarse de hipocresías y señalar que Cataluña, o se independiza, o se queda en España. Los términos medios no existen, lamentablemente, en este asunto.
Yo opino que debe de integrarse y que la Constitución en 1978 resolvió magistralmente este problema, denominando (a la vez que hablaba de la indisolubilidad de la patria) ‘nacionalidades’, a territorios de la nación española que sin duda alguna se sienten distintos al resto, y por lo cual sus peculiaridades deben ser admitidas y protegidas. Los que proponen una respuesta federal para vestirse del manto de dialogantes, omiten contarnos que la bondad incuestionable del federalismo es que todos los territorios serían iguales: y muchos catalanes o vascos no se sienten iguales a los demás españoles, luego la respuesta no sirve para aplacar el ánimo independentista, generando frustración en todas las partes.
El diálogo ha de existir, pero sin juegos de palabras florentinos, y partiendo de admitir la dificultad del acuerdo de mínimos. No hace falta cambiar, para hablar de verdad, ninguna norma, tan sólo tener voluntad. Nada de esto hubiera pasado si la ciudadanía, en Cataluña y en el resto de España, hubiera sido consciente desde hace años que la mala sangre de muchos de nuestros compatriotas recelosos, condenando verbalmente al que consideran distinto por ‘catalán’ o ‘español’, habría zanjas de separación. Los nacionalismos es lo que tienen, sean cuales sean: cuando la patria está por encima de las personas y del entendimiento, el problema está servido.