Abro Twitter y leo un tweet de Gabriel Rufián donde, hablando de la pifia legislativa que han metido con la famosa ley del 'solo sí es sí', dijo: «entre Irene Montero y unos jueces capciosos y unos abogados desalmados yo tengo meridianamente claro con quien voy». Pocos días antes, la Secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, dijo casi pontificando que lo que tenían que hacer los jueces era formarse. Vamos a recordar el contexto reciente.
Resulta que el Gobierno, que se supone que se debe estudiar las leyes que publica y que tenía un informe previo de ciento cincuenta páginas del Consejo General del Poder Judicial que se lo advertía fechado en febrero de 2021, ha metido un gazapo de tal calibre que ha conseguido que se puedan reducir las penas impuestas a los delincuentes que ha cometido determinados delitos sexuales. Los integrantes del CGPJ, personas avaladas por una dilatada trayectoria profesional en el mundo del Derecho, esos que según el tal Rufián son 'capciosos', advirtieron expresamente hace un año y medio de que «el cuadro penológico contemplado en el anteproyecto para los delitos de agresiones sexuales tipificados en los capítulos I y II del título VIII supone una reducción del límite máximo de algunas penas». Y como el ser humano es el único que mete dos veces la pata en el mismo hoyo, el Gobierno prefirió ir 'adelante con los faroles'.
Por otra parte, el artículo 2.2 del Código Penal, recogiendo un principio básico del Derecho Penal que es el de 'in dubio, pro reo' ('ante la duda, a favor del reo'), permite la posibilidad de que las leyes penales que favorezcan al reo puedan ser aplicadas con efecto retroactivo. Aplicado a este caso: todo el que haya cometido una agresión sexual ( 'el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento' dice el artículo 178 del Código Penal) ya sea a una persona mayor o menos de dieciséis años, si ha sido condenado a la pena máxima con la legislación anterior (de uno a cinco años), puede ver reducida su pena al haberse aminorado los máximos y los mínimos de las penas para esos delitos. Es lo mismo que ocurre en los tipos básico (de 6 a 12 años antes, de 4 a 10 años ahora) y agravado (de 12 a 15 años antes, de 7 a 12 años ahora) del delito de violación.
Hay que recordar, además, que el Convenio de Estambul, que España suscribió en 2014, recoge en su artículo 36 las obligaciones de los estados firmantes en cuanto a los delitos de naturaleza sexual. Artículo cuyos postulados recogía ya nuestro Código Penal en sus artículos 179 a 182, por lo que queda claro que esa filfa de que el Convenio exigía la unificación de los delitos no es más que eso: una filfa.
Y, ¿qué ha ocurrido? Lo que era lógico que ocurriese: que los abogados de personas condenadas por estos delitos han revisado los expedientes de sus clientes y han invocado la reducción de las penas si ello era posible. Y se lo tendrán que conceder si cumplen los requisitos legales para ello. Pero ahora resulta que los abogados somos unos desalmados. ¿Desalmado yo? ¿En serio? ¿De verdad tiene agallas el tal Rufián para decir que los abogados somos unos desalmados cuando ha sido el Gobierno con el que pacta y pace el que ha obviado el más mínimo deber de diligencia a la hora de realizar su trabajo y de defender en la palestra jurídica los derechos de las víctimas de delitos sexuales? Los desalmados no somos nosotros, señor Rufián. Los desalmados son quienes han dejado a un lado su obligación y su mensaje político solo por obtener un titular en las noticias. Y, junto a ellos, los que arropan a los autores de esta tropelía y que secundan su ignorancia y su desprecio hacia los rudimentos esenciales del Derecho y de los derechos de los ciudadanos. Nosotros nos dedicamos a cumplir con nuestro Estatuto Deontológico, con el papel que nos asigna la Constitución y con la defensa de nuestros clientes. Porque el derecho de defensa existe, señor Rufián, y también lo están invocando los abogados de las víctimas. Y todo, gracias a que sus colegas no saben hacer la 'o' con un canuto.
¿Y dice usted que los jueces unos capciosos? No se equivoque, señor Rufián. Los jueces no harán sino cumplir con su obligación constitucional: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado dependiendo únicamente de la Ley, de esa Ley que elaboran sus socios con su voto. Así que lo de calificar a los jueces de capciosos es mejor que se lo guarde. En todo caso, los capciosos son los que se jactan de ser perseguidores de la justicia y han hecho lo indecible para puentear al Poder Judicial que vela por los intereses de todos los españoles. Y lo de que el Presidente de Gobierno confíe en el que el Tribunal Supremo arregle su apaño jurisprudencialmente ya sí que es para nota. Porque, si no lo hacen, ya saldrá la señora Rodríguez Pam con el dedo acusador diciendo que no tienen formación suficiente.
Un diputado nacional insultando a dos de los operadores jurídicos más importantes en el sistema constitucional y una Secretaria de Estado reprochando a profesionales que dedican su vida al estudio del Derecho que tienen poca formación. Y esto lo dicen ellos, cuya formación jurídica es inexistente, que no han tenido que soportar el día a día de cualquier operador jurídico en ejercicio, que no tienen que ver cada día las atrocidades que vemos jueces y abogados en el ejercicio de nuestras respectivas profesiones y que, aunque estos personajes no se lo crean, nos pasamos la vida estudiando y tragándonos dobladas las bazofias diarreicas legislativas que nos meten con el cucharón ardiendo en la boca. Váyanse a insultar a quien se lo tolere. Y, por favor, mídanse con gente de su categoría y déjennos en paz a los demás.