La licitación del nuevo contrato del servicio de estacionamiento regulado o zona azul volvió al Pleno, por tercera vez en esta legislatura, y se cerró como estaba, sin novedad. El equipo de Gobierno y el PP no apoyaron la moción de Vox que solicitaba la extinción del contrato de la ORA por considerarlo «perjudicial» para el comercio, la hostelería y los bolsillos de los talaveranos en general y no revertir además el beneficio económico a las arcas municipales y sí únicamente a las de la empresa concesionaria.

El equipo de Gobierno, a través del concejal de Hacienda, Contrataciones y Seguimiento de las Concesiones, Luis Enrique Hidalgo, aseguró que este servicio externalizado es necesario para la rotación de plazas de aparcamiento, que con este sistema se multiplica por cuatro, e indicó que la licitación no se llevará a cabo hasta que se estabilicen las nuevas normativas de accesibilidad, movilidad o se concrete la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Hidalgo indicó que cuentan con «cuatro o cinco borradores» de un pliego de condiciones que no han podido sacar a licitación por las nuevas normativas, «pliego que se afrontará con decisión cuando estos proyectos estén definidos, y lo haremos con el consenso de la sociedad civil de la ciudad».

Contestó así el concejal a las insistentes preguntas del portavoz del Grupo Vox, David Moreno, que pidió conocer en varias ocasiones por qué se mantiene un contrato deficitario, ahora en prórroga. Moreno recordó que en los diez primeros años del contrato, firmado en 2009, la empresa concesionaria, EYSA, consiguió unos beneficios de más de 8 millones de euros, por tan solo 91.000 euros del Consistorio, cifra que creció hasta los 98.000 euros ya en 2019, que consiguió en un año más que en los 10 anteriores.

Asimismo, indicó que hay informes técnicos municipales que recogen que el Ayuntamiento de Talavera podría recaudar de ese servicio entre 250.000 y 400.000 euros anuales, documentos que además animan a una nueva licitación.

El portavoz de Vox, que en principio pedía retirar el  servicio de Zona Azul, apostó también por municipalizar el servicio e integrar a sus trabajadores, algo que desconcertó a Hidalgo, quien le pedía que aclarara su petición al Pleno.

Desde el Grupo Popular, su portavoz, Santiago Serrano, defendió el servicio de estacionamiento regulado y su externalización, no así la «dejadez e inacción» del equipo de Gobierno que podía haber sacado a concurso el contrato en la presente legislatura, adaptado a los nuevos tiempos y, lógicamente, con más beneficios económicos para el Ayuntamiento.

Por su parte, la concejala no adscrita, Susana Hernández del Mazo, lamentó el «afán recaudatorio» de la zona azul y apoyó la petición de extinción del servicio.