Cuando se evocan tiempos pasados en torno al consenso, pensando en que puede ser la mejor fórmula para servir los intereses de los ciudadanos y asentar las instituciones del Estado, nos hemos encontrado un acuerdo entre los partidos mayoritarios que dice poco en cuanto a esa efectividad y, sobre todo, a la pretensión que subyace para que el Tribunal Constitucional, entre otros órganos judiciales, no quede marcado exclusivamente por la división en dos grupos de magistrados, los conservadores y los progresistas. 
Se ha visto claramente con las sentencias en torno a la ilegalidad de la declaración de los estados de alarma que afectaban el Gobierno, con recursos interpuestos por la ultraderecha, que poco menos que han venido a decir que se había secuestrado la actividad política, cuando estaba paralizada toda España, incluido el propio Alto Tribunal, o considerar que habría sido necesario recurrir al estado de excepción para adoptar medidas de control de la pandemia que impedían el libre movimiento de ciudadanos, lo que habría sido una medida mucho más dura, paradójicamente. Las consecuencias de estas deciciones, aparte del coste político al Ejecutivo, traerán consigo la devolución de muchas de las multas impuestas por quien se pudo saltar las medidas restrictivas. 
Aunque siempre quedará la duda de qué tipo de actuación hubieran llevado a cabo otras formaciones políticas ante una situación tan grave, a nivel mundial, cuyos efectos eran desconocidos en el ámbito sanitario, sin tratamientos específicos ni vacunas, inicialmente, ha llamado las atención el debate entre los magistrados, a favor y en contra, lo que mantiene esa idea del peso ideológico de las decisiones, al menos es la sensación que se percibe desde fuera. 
Tampoco dice mucho a favor del acuerdo bipartito las críticas al candidato propuesto por el PP Enrique Arnaldo del que están saliendo posibles comportamientos irregulares aparte de su vinculación con la fundación y factoría ideológica de los populares, lo que llama la atención, como también que la candidata del mismo partido, Concepción Espejel, recusada en el procedimiento de la trama Gürtel, un caso que aún no ha concluido y cuyas ramificaciones siguen apareciendo sin que nadie haga una sincera autocrítica. 
En este acuerdo que comenzó, por fin, con una anuncio en el Parlamento del presidente popular, Pablo Casado, queda la renovación del Consejo General del Poder Judicial que, por el camino iniciado, parece que quedará conformado de una forma similar, tras casi tres años de bloqueo. Desde luego si se trata de despolitizar el órgano de control de los jueves el sistema que ha trascendido en esa mesa de acuerdo no es un ejemplo.
Este tipo de consensos no cumple los objetivos a que aspira la sociedad, mientras aparecen otros pactos, como el que subyace detrás de los Presupuestos Generales del Estado, donde quien manda son las minorías, incluso en sus discursos llegan hasta la humillación de quien trata de sacarlos adelante.