Burjassot está en Valencia. Es de esos pueblos que, por su proximidad a una gran capital, triplicó su población en la segunda mitad del siglo pasado. Una explosión demográfica similar a la que se vivió también en los cinturones de Madrid y de Barcelona. Durante estas dos primeras décadas, Burjassot mantiene una población estable en torno a los 38.000 habitantes. Un señor pueblo que nada tiene que ver con la España despoblada. Revisando el número de vecinos es fácil deducir que tiene de todo, también oficinas bancarias de las principales entidades.
Amparo Molina es una jubilada de Burjassot a la que hemos visto elevando una queja por todas las televisiones con su inseparable mascarilla de Podemos, que es una buena forma de dejar claro de qué palo va. Al margen del matiz -menor, o no tanto-, nos ha contado que un día fue a sacar dinero a un cajero de su pueblo. No le funcionó la libreta, acudió a ventanilla y, según su versión, los empleados de la oficina le dijeron que la operación llevaba una comisión de 2 euros. Amparo ha presentado una denuncia para que conste en acta, la mejor manera de dar formalidad a una queja y que no se quede en un simple lamento.
Cada banco tiene sus propios protocolos, normas y tarifas, y, el cliente, en este caso Amparo, tiene la opción de cambiarse de entidad. Darles un portazo con la misma dureza que la que han mostrado esos empleados con poca sensibilidad. Como eso no es siempre posible, sobre todo en pueblos con un solo banco para toda una comarca, hace bien en elevar la protesta. Aun así, lo de criminalizar de forma general siempre da pie al error. En la misma entidad, con las mismas reglas, he visto cómo el propio director de la oficina ha salido a acompañar a dos jubilados con más edad que Amparo, lo que me hace pensar que esas reglas, estrictas y en ocasiones disparatadas, se pueden adaptar a las necesidades del momento, sin que ello conlleve un perjuicio para ninguna de las dos partes.
Al margen de interpretaciones más o menos rigurosas, hay un problema evidente: los permanentes recortes de personal en el sector de la banca están provocando una desatención que sufren, de forma muy especial, los jubilados. Mi propia experiencia y las personas mayores que me rodean me hace concluir que no es general, aunque cada vez se vaya extendiendo más, por lo que nos da una pista de los bancos que más han aprovechado la coyuntura de la pandemia y de la digitalización de servicios -a los que no llegan todos- para ir reduciendo servicios que no hace tanto parecían garantizados de por vida, sobre todo, cuando te cortejaban para que domiciliaras la nómina o la pensión.
En los pueblos, la situación es cada vez más sangrante. No es que no te atiendan a determinadas horas; no solo es que estén cerrando oficinas de forma imparable. Ni siquiera están manteniendo los cajeros para que los que resisten en el medio rural puedan disponer de dinero en efectivo para comprar lo básico. La próxima semana la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha (Recamder) y la Junta de Comunidades van a firmar un convenio con una empresa privada para instalar cien cajeros automáticos en municipios pequeños de la región. No soluciona el problema de fondo, pero supone garantizar un servicio que debería tener la consideración de básico y universal. Cuando ya no puedes disponer de tu dinero cuando lo necesitas es que algo está fallando.