«Son los presupuestos que necesita España y los necesita ya»

C.S.Rubio
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El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca defiende los PGE. "Algunos dirigentes políticos están más interesados en saber quién va a apoyar los Presupuestos, que en ver cómo y dónde se van a gastar 550.000 millones"

«Son los presupuestos que necesita España y los necesita ya» - Foto: David Pérez

El delegado del Gobierno es un hombre tranquilo. Una tranquilidad que se traslada a su forma de entender la política y que encaja bien en su rol institucional. En medio de la batalla campal sobre la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, incluso dentro de su partido, Francisco Tierrasca pide calma y fijarse en qué dicen esta cuentas, más que en con quién se terminan firmando. «Son los presupuestos que necesita España y los necesita ya», insiste.
La región está inmersa en la lucha contra la segunda ola del Covid. Imágenes como la de la fiesta de Halloween de Seseña no ayudan a pensar en que vamos a poder con ella.
Hemos visto algunas actuaciones no deseables, pero esto no debe esconder que la inmensa mayoría de la población está respetando las normas. Una inmensa mayoría a la que pido que sigamos manteniendo la disciplina social, para que en unos meses podamos volver a tener cierta normalidad, un horizonte de futuro.
¿Hay muchas denuncias por incumplimientos de las restricciones?
Se está observando un gran respeto a las medidas adoptadas en el último Estado de Alarma. Es verdad que ha habido episodios bastante reseñables, como la macrofiesta de Seseña o algún otro caso en Cuenca, pero son hechos esporádicos.
¿Nos estamos saltando mucho el cierre perimetral de la región?
El respeto al cierre perimetral es muy mayoritario. De lunes a viernes el descenso de la movilidad ha sido poco apreciable, lo que indica que la actividad económica ha seguido funcionando, pero los fines de semana se ha observado un importante descenso. También están  teniendo efecto los controles que tenemos instalados por parte de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
Hablando de la Policía y de la Guardia Civil, ¿cuál es el estado de ánimo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad? Es un colectivo que han cargado con gran parte del peso de la gestión de la pandemia en estos meses.
Desde la declaración del ‘estado de pandemia’ por la OMS, la movilización ha sido extraordinaria, tanto de la Policía Nacional y la Guardia Civil, como de las policías locales, las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, desde ONG como Cruz Roja y los Bancos de Alimentos… Y todo ello sin abandonar sus funciones como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como son perseguir el delito o llevar a cabo investigaciones penales, entre otras. Han hecho un trabajo extraordinario y se han ganado el respeto de todo la sociedad. Siguen con la moral alta, pero necesitan del respeto de las instituciones, del respaldo de la sociedad y de seguir uniendo fuerzas para poder contrarrestar esta pandemia.
La Policía Nacional y, sobre todo, la Guardia Civil llevan años quejándose de la falta de efectivos en la región.
Ya ha habido un aumento de efectivos en Castilla-La Mancha en 2019 y 2020, y está previsto que se incorporen a nivel nacional más de 2.500 efectivos de la Guardia Civil y otros tantos de la Policía Nacional. Lo que hay que tener en cuenta es que durante los Gobiernos del PP por cada dos efectivos de la Guardia Civil que se jubilaban, se reponía uno, lo que dejaba la tasa de reposición en el 50%. En estos momentos supera el 130%.
Estamos en un Estado de Alarma nacional gestionado en buena parte por las autonomías. ¿Cómo se vive esto? ¿Qué tal está siendo la coordinación con el gobierno regional? No se le ha visto en muchas reuniones en el Palacio de Fuensalida…
La autoridad competente delegada es el presidente de la Junta y se gestiona con mucha colaboración y con mucha coordinación en los temas diarios. Tuvimos hace poco una reunión en Fuensalida con los agentes sociales y con los presidentes de las diputaciones.
Desde la Delegación del Gobierno constituimos de manera inmediata el Centro de Coordinación Regional (CECOR), donde los mandos policiales y el Delegado de Gobierno estudiamos y llevamos a cabo los despliegues y las operaciones necesarias para que se cumplan las medidas dictadas por la Junta.
Seguimos reforzando esta colaboración. Nuestras competencias son las referidas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y estamos a disposición del presidente de la Junta. La coordinación es el único instrumento que puede ser útil para contrarrestar esta segunda ola.
Las residencias vuelven a ser el foco de la muchos brotes. ¿Por qué no hay militares limpiando las residencias como en la primera ola?
Es verdad que cuando se declaró el primer Estado de Alarma, las Fuerzas Armadas en general, y la Unidad Militar de Emergencia (UME) en particular, fue la única unidad especializada en la desinfección de instalaciones como residencias de mayores o centros de discapacitados. En aquel momento, ni las empresas de limpieza ni otros organismos conocían cómo afectaba el virus a estas instalaciones, y la UME sí había hecho este estudio. Hoy conocemos más sobre el virus y sobre cómo afecta a la población más sensible. En todo caso, la UME, como todos los recursos del Estado, están disponibles para cuando sea necesario intervenir.
Las Fuerzas Armadas están en estos momentos dedicadas a reforzar los sistemas de rastreo de contagios de las comunidades autónomas. Es lo que conocemos como la Operación Baluarte. En Castilla-La Mancha ya se han incorporado 141 rastreadores militares.
Vistos los datos de contagios y de mortalidad de los últimos días, ¿cree que tendremos que volver a un confinamiento domiciliario?
No me corresponde a mí decirlo. En todo caso, todo dependerá de cómo evolucionen los datos. Sí considero que tendría que ser una decisión consensuada entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas dentro del Consejo de Coordinación Interterritorial del Sistema de Salud.
Según el último CIS, el 60% de la población ha empeorado su opinión del Gobierno por su gestión de la crisis sanitaria. ¿Toca hacer examen de conciencia? ¿En qué se puede mejorar en esta segunda ola?
Durante estos ocho meses de crisis sanitaria hemos hecho una evaluación permanente de las actuaciones que hemos llevado a cabo. Es cierto que una crisis tan profunda como la del Covid provoca un desgaste a nivel gubernamental evidente, pero  proteger la salud y la vida de las personas ha sido el denominador común de todas las decisiones adoptadas.
A partir de ahí, podemos hablar de las repercusiones económicas, de las medidas tomadas o de otros aspectos colaterales, pero nunca perdamos de vista que nuestra obligación es salvar vidas.
El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) no incluye ninguna partida para el ATC. ¿Es el carpetazo definitivo para el proyecto de instalar un cementerio nuclear en la región o habrá sorpresas?
Es una gran noticia. Toda la lucha contra la instalación del ATC en Villar de Cañas ha dado sus frutos, sobre todo por que el futuro lo planteamos hacía una transición ecológica, más que hacía la construcción de este tipo de instalaciones de alta concentración de residuos radiactivos. Existen alternativas para el tratamiento de esos residuos y felicito al Gobierno de España por no incorporar esta partida para Castilla-La Mancha en 2021. Yo sí daría por desterrado el proyecto de instalar un ATC en esta región.
La oposición critica la falta de inversiones en la región. Lo cierto es que nos hemos quedado en 426,59 millones, frente a los 637,34 de 2019.
La partida que se observa son los 230 millones de euros del ATC, pero, evidentemente, son unos presupuestos extraordinarios en una situación de crisis sanitaria, económica y social. Están pensando en no dejar a nadie atrás y en la recuperación económica. Son los presupuestos con mayor gasto social de la historia de este país, y no se olvidan de la inversión directa en infraestructuras.
Todo esto los hacen unos presupuestos extraordinarios. Son los presupuestos que necesita España y los necesita ya. Y también los necesita Castilla-La Mancha.
La enmienda al proyecto de ley de educación que elimina al castellano como lengua vehicular está levantando ampollas. ¿Ha valorado el Gobierno el impacto político que puede tener esta medida en zonas como Castilla-La Mancha?
En el debate de esta ley no tenemos ninguna competencia. No tenemos un estudio sobre su repercusión.
¿Y cómo lleva como delegado del Gobierno que García-Page se haya convertido en una de las voces críticas del Gobierno central?
Se lleva con mucha comunicación, con mucha lealtad institucional y, sobre todo, intentando que primen los discursos en positivo, más que profundizar las divergencias. Considero que son pocas las divergencias entre el Gobierno regional y el Gobierno central. Mi trabajo es trabajar en positivo para que la colaboración sea cada vez mayor.
Con todo, Castilla-La Mancha es una comunidad donde está creciendo un fuerte sentimiento de rechazo contra los separatistas y de un cierto nacionalismo español. No se si valora el daño político que pueden tener los pactos ERC y Bildu.
En el debate de los PGE vengo observando que algunos dirigentes políticos están más interesados en saber quién va a apoyar los presupuestos, que en el contenido de los mismos. El Gobierno está preocupado en saber cómo, en qué y dónde se invierten los más de 550.000 millones de euros de los PGE para 2021, 6,000 millones para Castilla-La Mancha. Creo que incidir en quién los apoya y quien no es un error político.
La ocupación ilegal de viviendas es uno de los temas que más preocupa a la población, sobre todo en Toledo y Guadalajara. ¿No se puede hacer algo más de lo que se está haciendo?
Hemos avanzado en estos últimos meses. Sobre todo porque hemos logrado clarificar cuál es el ámbito de actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Se ha dejado claro que en caso de allanamiento de morada, los efectivos policiales pueden actuar sin tener que ponerlo en conocimiento del juez y abrir un procedimiento judicial. Quiero desterrar la imagen de que bajamos a comprar una barra de pan y cuando volvemos nos han ocupado la vivienda. Si eso ocurre, el ciudadano tiene que tener la garantía de que con una simple llamada a la Guardia Civil o Policía Nacional se desaloja su vivienda.
Cuestión aparte son las características de la ocupación de viviendas en Castilla-La Mancha, donde el 90% son en propiedades de bancos y fondos de inversión, según datos de la Delegación del Gobierno.
Con el fin de poder intervenir, hemos constituido una comisión regional contra la ocupación de inmuebles, que pretende ser puramente operativa, no nos dedicamos a los discursos. Gracias a ella se han realizado ya desalojos. Se está actuando en aquellos focos donde, además de la ocupación, observamos la posible comisión de otros delitos, lo que facilita la intervención de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Vamos a seguir intensificando esta labor de intervención para contrarrestar la ocupación de viviendas.
El PSOE regional ha presentado un proyecto de ley ‘antiocupa’ que incluye muchas cuestiones que son competencia nacional ¿Hasta que punto puede una comunidad legislar en este ámbito?
Todas las iniciativas son bienvenidas, sobre todo si vienen a solucionar una problemática que afecta a los ciudadanos directamente. El procedimiento que ha adoptado las Cortes ha sido el de realizar una propuesta para que sea debatida posteriormente en el Congreso. Es una norma que requiere de modificaciones de leyes de ámbito nacional, alguna de ellas orgánicas. Yo no tengo más que decir, salvo agradecer que otras instituciones estén preocupadas por el problema y puedan contribuir a su solución.
El Fiscal General de Castilla-La Mancha habla de un aumento de la criminalidad. Los corredores de La Sagra y el Henares son, en este sentido, las áreas más conflictivos.
Es verdad que la comisión de delitos en Castilla-La Mancha tiene un distribución territorial muy irregular, pero quiero resaltar que estamos en cifras muy aceptables en cuanto a índices de criminalidad. Castilla-La Mancha es una región tranquila.
Es verdad que donde puede haber una cifra más destacada de delitos es en la zona de La Sagra y en el Corredor del Henares. Son dos zonas donde se ha notado su alto crecimiento poblacional y también por ser ejes de comunicación con la capital de España. Hace ya algo más de año y medio que se adoptó por parte de la Guardia Civil un plan especial de refuerzo de efectivos para contrarrestar el índice de criminalidad en la Sagra. Está dando buenos resultados.