A propuesta de los Ministerios de Agricultura, Hacienda, Asuntos Económicos, Trabajo, Inclusión y Transición Ecológica, el Consejo de Ministros aprobó este martes un Real Decreto-Ley destinado a contrarrestar los efectos nocivos de la sequía que está sufriendo el campo español. El ministro de Agricultura, Luis Planas, habló a la salida de la reunión de «una reducción muy significativa» de las precipitaciones y explicó que la norma incorpora cinco bloques que constituyen un «paquete potente» de medidas de respuesta para tratar de recuperar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas y cuya estimación de impacto se sitúa en unos 450 millones de euros.
Si bien Planas dio la bienvenida a las lluvias de la borrasca Celia y también a las que puedan llegar, admitió que no pueden corregir la sequía estructural y por ello justificó que, igual que se hizo en 2005, 2011 y 2017, el Gobierno tome medidas. En concreto, indicó que los agricultores y ganaderos podrán acceder a una reducción del 20% en los módulos del IRPF y acceder a líneas de créditos ventajosas, aplazar el pago de las cuotas a la Seguridad Social; además se equipara la contratación como fijo discontinuo y la contratación eventual, a los efectos de acceso y determinación del derecho al subsidio. Asimismo, el paquete de medidas fija un precio del agua desalada para 2022, un recurso clave para paliar la falta de recursos hídricos convencionales en las explotaciones agrícolas y ganaderas del sureste y se reducirán los cánones de regadío en las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana.
En materia laboral y de Seguridad Social incluye medidas de liquidez, como son los aplazamientos especiales, para empresas incluidas en el Sistema Especial Agrario y para autónomos pertenecientes al Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia (SETA), de las cuotas a la Seguridad Social a un interés muy reducido, del 0,5%, siete veces inferior al habitual. En este punto, COAG subraya que la solución no pasa por el aplazamiento de las cuotas a la Seguridad Social por muy reducido que sea el interés, porque «antes o después tienes que acabar pagando la deuda acumulada y los intereses de la misma», ha afirmado Miguel Padilla, secretario general de la organización.
Por otro lado, se incluyen medidas de carácter fiscal como la reducción del 20% del rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas que tributan en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por el método de Estimación Objetiva (módulos). El Gobierno calcula que esa medida beneficiará a 918.000 agricultores y ganaderos, y reducirá la base imponible en más de 500 millones de euros y en este caso COAG sí admite que puede suponer un balón de oxígeno para muchas explotaciones agropecuarias.
Al mismo tiempo, se aprueba la exención de las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica para determinados productores agrarios que reúnan ciertos requisitos.
Por otro lado, se incorporan medidas destinadas a la sostenibilidad de las explotaciones. En concreto, se pondrá a disposición de los operadores agrarios una línea de ayuda, en régimen de concesión directa, para la bonificación del principal de operaciones de financiación formalizadas a través de las entidades financieras, para lo que se habilita un presupuesto de 10 millones de euros, que podrá movilizar más de 100 millones de euros en el sector. La organización que dirige Miguel Padilla considera esta cuantía como «muy limitada».
Por su parte, el secretario general de la ASAJA de Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha calificado de «muy insuficientes» las medidas para paliar los efectos de la sequía, pidiendo al Gobierno central que «no ponga parches» sino que se siente con el sector para «analizar bien» la situación. Fresneda ha recordado que la organización agraria ya mandó al Ministerio de Agricultura una carta en la que solicitaba medidas como la activación de una nueva ley de la sequía, reducciones fiscales especiales, anticipos de la PAC, una exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica o ayudas de minimis a determinadas explotaciones, entre otras propuestas, algunas de las cuales han sido escuchadas.
El leve alivio de Celia.
Las lluvias caídas esta semana en toda la Península debido al paso de la borrasca Celia han supuesto un pequeño respiro para los agricultores. El terreno se ha mojado y las plantas disponen de humedad en el suelo para afrontar la primavera, un periodo crítico para la mayor parte de los cultivos. El problema es que la tierra tenía tanta sed que muy poca de esa agua ha llegado hasta ríos y pantanos y, a pesar de que las precipitaciones han sido cuantiosas en muchas zonas, la reserva hídrica nacional apenas ha aumentado un par de décimas. En total hay almacenados 24.752 hectómetros cúbicos, que son 11.950 menos que la media del decenio, es decir, un 32,5% menos; y 11.136 menos que hace un año, o lo que es lo mismo, un 31% menos que en la misma semana de 2021. Hay que remontarse 27 años, hasta 1995, para encontrar una cifra similar en esta misma semana, la undécima del año, cuando también estaban al 44,09% de su capacidad. Por debajo de ese volumen solo han estado en 1993, cuando se encontraban al 40,9%, y en 1992, cuando apenas guardaban el 40,5% de su capacidad de almacenamiento. Estos tres ejercicios coinciden, lógicamente, con fuertes sequías.