Me parece que es un síntoma de pobreza argumental la cada vez más frecuente costumbre de producir amplios y prolongados debates sobre medidas o cuestiones que, en realidad, no se conocen. Primero surgió la costumbre, en parte propiciada por el propio Tribunal Constitucional al anunciar sus decisiones de más trascendencia antes de publicar su fundamentación, de debatir sobre anuncios de decisiones cuyo contenido y argumentación todavía se desconoce. El fenómeno no se da solo en nuestro país, pues basta recordar las grandes polémicas -con manifestaciones multitudinarias incluidas- que se produjeron el pasado año en Estados Unidos por la filtración de la sentencia en el caso Dobbs vs. Jackson, sobre el aborto. Pero lo de estos últimos días en España sobrepasa todo lo que habíamos visto antes: la mayoría de los representantes políticos se enzarzan duramente en un agrio debate sobre un no-anuncio de no se sabe muy bien qué en relación con la posibilidad que (tal vez) se va a ofrecer en las embarazadas en Castilla y León, de escuchar los latidos del feto. Este vago anuncio, no se sabe si confirmado o desmentido, ha servido para que muchos desplieguen toda su artillería a favor (o en contra) del aborto.
Simplemente, lo que ha sucedido estos días no merece siquiera el calificativo de debate, ni social, ni político, sobre una medida que tal vez podremos valorar si se llega a hacer efectiva. Entiendo que la política de hoy tiene este tipo de extrañas reglas, que para nada propician el debate sereno, sino más bien el seguimiento o rechazo de consignas previas, 'palabras colgadas de un árbol', como alguien ha dicho, con las que aparentemente solo cabe comulgar a ciegas y por completo, pues de lo contrario saltarán todas las alarmas. Pero lo peor de todo es que a este juego infantil y ridículo se apuntan (o incluso lo provocan) los responsables de las instituciones, y especialmente del Gobierno. Si ya me parecieron sobreactuaciones efectistas las comparecencias de los presidentes del Congreso y del Senado, a media noche, para criticar duramente la adopción de medidas cautelares por el TC (tratando de defender la separación de poderes frente a este, pero no, al parecer, frente al propio Gobierno), peor me parece la comparecencia formal para anunciar todo tipo de amenazas a Castilla y León por algo que, de momento, ni se ha producido ni anunciado oficialmente. Y no deja de ser un doble rasero para medir, porque al parecer aquí anunciar que se volverá a declarar la independencia en abierta ruptura con la Constitución, no merece siquiera un comentario del Gobierno. En cambio, se diría que esa inconcreta medida de la comunidad castellanoleonesa supondría un gravísimo atentado a todos los valores constitucionales…