C ontinuando las acciones desarrolladas en las últimas semanas por las organizaciones agrarias en diferentes comunidades autónomas, esta semana supone la conclusión de esta iniciativa con las movilizaciones convocadas en Madrid. De un lado, la celebrada por Unión de Uniones -o la cuarta sigla- formada por diferentes agrupaciones escindidas de COAG hace más de una década; destacan las de Castilla y León y Comunidad Valenciana, donde tienen una fuerte presencia, o de Unió de Pagesos en Cataluña, donde es la fuerza dominante, pero de todos modos este colectivo sigue sin ser convocado junto con el resto a las mesas del Ministerio de Agricultura. De otra parte la convocada conjuntamente para este domingo por las organizaciones agrarias ASAJA, UPA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias, junto a otras organizaciones sectoriales con peso en el territorio rural como la Federación Española de Caza, la Unión de Criadores del Toro de Lidia (UCTL), la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) o Alianza Rural, ligada al Partido Popular.

En conjunto, se puede hablar de una coincidencia casi total entre las reivindicaciones que se llevan a cabo en ambas movilizaciones. El mantenimiento del territorio rural es una demanda que envuelve a todas las exigencias concretas en cuanto a que su objetivo último es lograr un actividad rentable capaz de lograr que se mantengan en el campo los actuales agricultores y ganaderos y, a la vez, tratar de incorporar nuevas generaciones con el relevo generacional. La única diferencia radicaría en el hecho de que la tabla reivindicativa de Unión de Uniones contempla que haya en el campo un proceso para medir la representatividad de cada sigla, a falta del cual esta organización no tiene hoy acceso a las mesas del Ministerio de Agricultura.

Las reivindicaciones de las organizaciones agrarias en estas fechas tienen su base en los principales problemas ya enraizados en el sector agrario, a los que en las últimas semanas se han añadido otros y algunos se han agravado a consecuencia de la guerra desatada en Ucrania por Rusia y que está afectando no solamente al comercio entre los dos países y la Unión Europea, sino también al comercio mundial de materias primas alimentarias y a la energía.

Reivindicación prioritaria es la adopción de medidas para controlar y compensar los incrementos en los costes de producción que, si ya eran muy altos hace unas semanas, en la en la actualidad se hallan descontrolados. El sector plantea frenar las subidas y que se apliquen medidas de ayuda y políticas compensatorias. Agricultura ya ha respondido en parte señalando que ha solicitado a Bruselas un incremento en el adelanto de los pagos de la PAC en octubre desde el 50% al 70% y la posibilidad de hacer algunos pagos directos mediante un porcentaje de los fondos no gastados de Desarrollo Rural, como sucediera en los momentos más duros de la pandemia.

No arregla mucho el problema de fondo. El sector denuncia que los costes de producción se están comiendo la rentabilidad de la actividad al suponer ya una media del 60% sobre el valor de la Producción Final Agraria, cuando hace un año significaba el 45%. La situación es grave en la actividad agraria por la subida de los precios de la energía, abonos, carburantes, plásticos o maquinaria. En el caso de las grandes producciones de herbáceas, como los cereales, los altos precios percibidos en la campaña anterior podrían paliar en parte esta subida. Dicho de otra manera: lo comido por servido. Pero hay actividades, como las ganaderas, en las que los precios de los piensos pueden suponer que acaben cerrando miles de explotaciones, con el consiguiente impacto sobre la oferta en los mercados.

El problema de los costes.

Sobre el papel, este problema de costes no debería ser tal para los productores simplemente si funcionara la Ley de la Cadena, por la que el comprador de un producto agrario está obligado a pagar un precio que cubra como mínimo los costes, algo que por diferentes cuestiones no sucede en la actualidad. La Ley existe, pero entre otras cosas, también existe un desequilibrio entre el poder de cada parte, el que compra y el que vende, además de operar con unos productos perecederos que tienen un tiempo de venta muy acotado en muchas producciones agrícolas y ganaderas. Exigir un contrato a partir de los mil euros o establecer un registro de contratos es un paso positivo, pero otra cosa es la actividad, necesidades y dependencias de cada explotación.

En el sector agrario, y más en esta coyuntura fuertemente alcista de las materias primas, preocupa la actual política verde impuesta por Bruselas. No gustan las exigencias que supondrán el aumento de abandono de superficies de cultivo, bien por la sostenibilidad de los suelos o por el medio ambiente; ni la reducción en el uso de abonos, zoosanitarios o productos fitosanitarios que darán lugar a menor oferta, mientras aumenta la dependencia exterior a precios más baratos en una situación de normalidad en el comercio, aunque pueden dar lugar a situaciones como la actual, en la que las importaciones llegan a precio de oro.

En el caso de España, esta problemática se ha desarrollado en el sector de las hortalizas, fundamentalmente de algunas procedentes de Marruecos. Los bajos precios y las elevadas importaciones, por ejemplo de alubia verde, provocaron el recorte del cultivo en la Península, dejando el mercado a expensas de producciones exteriores que en muchos casos se cultivan con menos exigencias en materia de uso de productos fitosanitarios que los obligatorios para los agricultores comunitarios.

España defiende en Bruselas la aplicación de la llamada cláusula espejo, por la que se deben exigir las mismas condiciones de laboreo o cría de animales a los productos importados que a los obtenidos en la UE. Además, en el campo preocupa y se demandan medidas frente a la nueva regulación laboral y sus exigencias en materia de contratos fijos, ya que hay muchas actividades de campaña en las que esta normativa es inaplicable.

También se reclaman medidas fiscales y políticas de bonificaciones, tanto para la actividad agrícola o ganadera, como en materia de impuestos en el territorio rural, así como para el desarrollo de nuevas actividades empresariales en el medio, complementarias o no a la actividad agraria, para frenar la salida de habitantes o incorporar a otros activos.

El sector pide, asimismo, un debate sobre la política de seguros agrarios para su ajuste al cambio climático y que la salida ante el aumento de la siniestralidad no pase solo por aumentar primas o bajar las coberturas.

En relación con la futura PAC y su mayor apuesta por una política redistributiva, una mayoría del sector apuesta porque los más de 4.800 millones de pagos directos de cada año vayan fundamentalmente a los profesionales que arriesgan y viven de la actividad.