Los funcionarios de prisiones se concentraron ayer delante de la Delegación del Gobierno en Toledo para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. Se trata de una vieja reivindicación de este colectivo que demanda, ya que según argumentan que «las prisiones de Castilla-La Mancha no tienen los medios materiales ni los recursos humanos necesarios para afrontar las agresiones que estamos sufriendo», explican, ya que según cuentan «hay muchos presos peligrosos y no estamos capacitados».
Así lo explicaba Mar Téllez coordinadora territorial de Acapai+UGT, quien además argumentaba el «envejecimiento» de las plantillas que se agravan con las «condiciones físicas de los presos», ya que según dijo «cuentan con gimnasio e incluso clases de kick boixing», mientras que los funcionarios reciben «formación esporádica y online», algo que aseguran que «no es efectivo» , y que se suma a la citada escasez de medios materiales y humanos.
Además, la situación según Téllez se agrava en tanto en cuanto «entre un 25 y un 30% de los internos tienen problemas mentales o toman medicación psicotrópica», y según la representante, existen carencias «graves» en el número de personal sanitario que atiende a las prisiones, «un 58 % de vacantes en la sanidad penitenciaria», según los datos ofrecidos por los manifestantes.
Otra de las reivindicaciones que recoge el documento que entregaron al delegado del Gobierno a principios de semana, según explicó la portavoz, es el «hecho preocupante» de que los condenados que ingresan en prision «tienen más o menos los mismos años siempre», mientras que los funcionarios «cada vez somos un año más mayores», reconociendo que la media de edad de los componentes de las plantillas se sitúa en «más de 50 años».
Todo ello, se une a la histórica reivindicación de la subida de emolumentos «somos los que menos cobramos», explican, uno de los pilares tradicionales de exigencia junto con el reconocimiento como agentes de la autoridad, algo que «no cambiaría en nada» su cometido y funciones dentro de las prisiones, pero que les facilitaría «los procedimientos» a la hora de tener que hacer frente a una agresion. Dichos procedimientos, según cuentan, no les facilitan ni siquiera el hecho de reincorporarse al trabajo tras una agresión ya que «tras un episodio violento, agresor y agredido están obligados a seguir coincidiendo», algo que es «inconcebible».
AGRESIONES. Estas movilizaciones son a razón de la «dureza de las últimas semanas», donde las agresiones han puesto en serio riesgo la integridad física de los funcionarios de prisiones, como la ocurrida el pasado 1 de julio, cuando un interno del Centro Penitenciario Murcia II atacó a un trabajador con la tapa de una lata de conservas causándole un corte en el cuello. Cuatro días después, tres funcionarios del Centro Penitenciario de Picassent (Valencia) tuvieron que recibir asistencia hospitalaria tras sufrir una agresión por un interno experto en artes marciales. Otro trabajador del Centro Penitenciario de Madrid VII de Estremera.