En próximos días va a llegar a las Cortes el proyecto de Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra de Castilla-La Mancha, tras haber recibido el visto bueno por parte del Consejo de Gobierno. Lo ha avanzado la portavoz del gobierno regional, Blanca Fernández, quien explicaba que beneficiará a 120.000 personas de Castilla-La Mancha que trabaja en alguna explotación familiar. Una norma con la que se define la explotación familiar y que es una apuesta para "luchar contra la despoblación y fijar población en el medio rural a través del sector agropecuario", supone, asegura "un punto de inflexión" que afronta el futuro  "desde un punto de vista absolutamente sostenible".

Entre los objetivos que se marca esta ley está el de "contribuir al desarrollo territorial del medio rural, fomentar y mejorar la capacidad profesional, la innovación y el acceso a las nuevas tecnologías de las explotaciones familiares, apoyar y seguir impulsando la incorporación de las mujeres al relevo generacional y también la incorporación de las mujeres al sector agropecuario", también busca asegurar la sostenibilidad de las explotaciones familiares mediante el apoyo a la incorporación de personas jóvenes y el fomento de parques agrarios y huertos urbanos.

Asegura Fernández que hay dos retos que marcan a día de hoy la agricultura regional, pero también a nivel nacional e incluso europeo: la incorporación de la gente joven y el reconocimiento del papel de las mujeres en el sector agrario. En este sentido adelantaba Fernández, que desde 2016 se han incorporado al sector 4.000 chicos y chicas, siendo uno de cada tres mujeres. Cifras que suponen "un hito" para la consejera, "la cifra más alta en un mismo periodo de tiempo". Además explicaba que desde 2015 se han multiplicado por ocho las explotaciones de titularidad compartida, llegando al punto de que una de cada ocho se encuentra en Castilla-La Mancha. Ahora mismo, ha 29 mujeres presidiendo cooperativas agroalimentarias en la región.