El Gobierno se enfrentaba a un final de año de alto riesgo y lo ha solventado con suficiencia. Hay Presupuestos, se han sacado adelante leyes que ponían en riesgo la coalición, aunque haya sido cediendo en asuntos que darán más problemas legales futuros, se cierra el año con buenas cifras de empleo y, sobre todo, ha ganado la guerra de la renovación del Constitucional aunque haya sido dejándose pelos en la gatera. Otra cosa es el varapalo que ha recibido el Gobierno del Tribunal Constitucional en funciones, la incapacidad para reducir la inflación y el endeudamiento creciente, la situación económica, la desigualdad obscena y la amenaza electoral. Pero eso son riesgos futuros.
Uno de los grandes problemas de este Gobierno, también a veces de la oposición, es que gran parte de lo que se hace esconde una trampa. A las trampas de uno, responden los otros con más trampas. Y los ciudadanos, a la intemperie. Jugamos en un mundo en el que las trampas están normalizadas.
Hay muchos ejemplos. Las cifras de empleo y de paro son buenas, pero esconden una trampa. La había antes, pero ahora se está disparando la temporalidad encubierta: uno de cada tres contratos "indefinidos" es de fijos-discontinuos, es decir de personas que pueden trabajar tres meses al año, pero que "oficialmente" son "indefinidos". Alguien lo ha llamado "audacia normativa", pero es una trampa. Ocurre lo mismo con otras muchas estadísticas oficiales. Por ejemplo, todavía no sabemos la cifra real de muertos en la pandemia.
Y lo mismo sucede con los fondos europeos. Íbamos a recibir 140.000 millones, la mitad a fondo perdido -luego se ha sabido que también hemos pedido un préstamo de 84.000 millones con carencia de diez años- y que eso iba a servir para modernizar la economía, apostar por sectores tecnológicos punteros y paliar carencias en otros. Nadie es capaz de saber qué cantidad ha llegado, cuánto y en qué sectores se ha invertido y cómo se están gestionando. Y la causa, muy probablemente, está en la incapacidad de la Administración para gestionar este tipo de fondos. Pero en lugar de reconocerlo y corregirlo, estamos a otras cosas.
El "escudo social" puesto en marcha por el Gobierno es puro marketing. La rebaja del IVA en los precios de algunos alimentos -mínima, apresurada, incompleta y tardía- no soluciona casi nada y el "bono" de 200 euros, excluyendo a muchos de los más vulnerables, supone 50 céntimos/día. Y mientras, el Gobierno ha recaudado 30.000 millones más en impuestos en 2022. Las carencias administrativas también han impedido que el bono cultural -cuyo importe es el doble del "bono social"- o el ingreso mínimo vital lleguen a gran parte de sus potenciales beneficiarios. Ineficacia e ineficiencia pero con buen marketing.
¿Qué se ha hecho en el terreno docente y en el sanitario para mejorar las condiciones de sus profesionales y para hacer inversiones que garanticen la calidad de estos dos servicios públicos fundamentales, mientras se habla de que algunos -la derecha, por supuesto- quieren privatizarlos? Nada. Los docentes se sienten solos ante la imposibilidad de aplicar adecuadamente la LOMLOE, y los sanitarios ven que ni el Gobierno central ni los de las comunidades autónomas hacen algo por mejorar su precariedad. Desatendidos y mal pagados.
Se puede hablar de muchas más cosas: de la pésima técnica legislativa que aprovecha la ley para hacer trampas y "arreglar" otras cosas que no tienen nada que ver con la principal, del abuso del decreto ley y de la utilización espuria de las puertas giratorias para colocar a los "leales" en lugar de a los expertos. Un filósofo francés, el barón de Holbach, se preguntaba hace más de doscientos años "¿qué confianza puede tenerse ni qué protección encontrarse en leyes que dan lugar a trampas y enredos, que arruinan a los pleiteantes, engordan a los curiales y facilitan a los Gobiernos el cargar impuestos y derechos sobre las disensiones y pleitos eternos de sus súbditos?". Ninguna.