La propuesta que plantea el Gobierno de España para reformar el modelo de financiación autonómica no convence a Castilla-La Mancha. Por eso el Gobierno regional va a mandar a Moncloa otra propuesta, que hoy ha presentado el vicepresidente de la Junta y el consejero de Hacienda en sendas reuniones con los grupos parlamentarios, es decir con PSOE, PP y Ciudadanos, y con los agentes sociales: CCOO, UGTy la patronal Cecam.
El meollo en este caso está en lo que se considera que debe ser el criterio de reparto base de la financiación, de la parte estructural. El Gobierno de España propone que sea la población, aunque ajustándola a cada servicio. Es decir, para Sanidad se calcula con diversos tramos de edad, en Educación se tiene en cuenta a los menores de 18 años y en Servicios Sociales a los mayores de 65 años. Una vez se hace el reparto base, se añaden elementos correctores entres los que estarían la insularidad, el territorio, la dispersión y la despoblación.
El vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijaro, plantea que «la superficie no sea solo un elemento corrector», pues se quedaría corto. Por eso Castilla-La Mancha propone que el reparto estructural se haga combinando población y superficie. Martínez Guijarro defiende que se haga así porque «la combinación es lo que nos da la densidad de población y se acerca a la financación del coste efectivo de los servicios».
CLM pide que la superficie cuente como la población - Foto: Javier PozoGuijarro, que compareció ante los medios acompañado por el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, lo explicó con un ejemplo dentro de una misma provincia: Guadalajara. El coste de la Sanidad en la mayor parte de la provincia, afectada por la despoblación, es el triple que el coste en el área de Guadalajara capital y el Corredor del Henares, donde hay más densidad de población. En el caso del coste en Educación es un 50% superior en el resto de comarcas de la provincia en comparación con el Corredor.
Fondo de despoblación. Además de un cambio «estructural» a la hora de hacer el reparto de la financiación, Castilla-La Mancha también propone otras cuestiones específicas. Para despoblación plantea un fondo propio. Guijarro argumenta que por un lado la financiación se debe repartir para garantizar el coste de los servicios, pero por otro hay que poner más dinero para revertir el problema de la pérdida de habitantes de los pueblos. «Hay que generar un fondo específico que se distribuya entre las regiones afectadas», expuso.
La Junta tiene también algunos matices sobre la magnitud que ha propuesto el Gobierno de España para calcular la dispersión. Otra de las peticiones que hará Castilla-La Mancha es que no se ponga un «coste fijo» del gasto de estructura autonómica para las comunidades de menos de dos millones de habitantes, sino para todas. Justo con esta franja, Castilla-La Mancha se quedaría fuera pero Guijarro recalca que este dinero se propone para asumir los costes de tener una estructura legislativa y ejecutiva, que es algo que asumen todas las comunidades sean más o menos pobladas. «Si estamos hablando de que el coste fijo es por la existencia de la comunidad autónoma, entendemos que se tiene que hacer a las 17». Además recalca que las pluriprovinciales tienen en la práctica más estructura.
Además Castilla-La Mancha llevará un criterio nuevo «que el Ministerio ha excluido», que es el nivel de renta. Guijarro explicó que se ha comprobado que cuando hay mayor nivel de renta, se utilizan menos los servicios públicos y esa correlación influye también en el coste final que supone para las administraciones autonómicas.