El alcalde de Navalcán, el socialista Jaime David Corregidor, iba hoy totalmente de azul, como el testigo y denunciante, el exconcejal del PP Antonio Sánchez. Probablemente fuera la única coincidencia entre ambos. El regidor defendió frente al tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial que empleó correctamente los 33.333 euros de subvención que recibió el Ayuntamiento de la Diputación en 2009. La Fiscalía sostiene lo contrario y pide cuatro años de prisión y otros tantos de inhabilitación para cargo público.

El alcalde, y actual diputado provincial, argumentó que la subvención iba a ir destinada a mejoras en la dehesa municipal 'Calabazas', pero un sondeo desbarató el plan inicial de levantar un olivar por la ausencia de agua. La idea conllevaba la instalación del goteo, de la electricidad y de un cerramiento. Por ello, optó por destinar el dinero a diferentes obras, como la piscina o un escenario incluidos a su juicio en esa superficie de 850 hectáreas.

El fiscal, Ángel de la Cruz, sostiene que el alcalde incurrió en un delito de falsedad en documento oficial porque firmó que las obras estaban ejecutadas. Y el ministerio público considera que el regidor daba por terminados proyectos para los que el Ayuntamiento solicitó la subvención del Plan de Acción Especial de la Diputación: el goteo, la electricidad y el cerramiento. Pero no se efectuaron finalmente estos trabajos, tal y como reconoció el alcalde, que suma cuatro legislaturas y media en el gobierno municipal desde que llegó al poder en 2001. Desde entonces, solo ha estado en la oposición en la legislatura 2011/2015

El secretario interventor del Ayuntamiento de Navalcán en 2009, Vicente Jiménez, indicó que habló por teléfono con un trabajador de la Diputación para explicar el cambio. «¿Por qué no lo hizo por escrito?», interpeló el fiscal. Por «malos hábitos», reconoció.

El alcalde y el ex secretario del Ayuntamiento de Navalcán coincidieron en que la concesión de la Diputación se refería a mejoras «genéricas» de la dehesa municipal, pero el fiscal sostiene que la firma del alcalde se circunscribe a los tres proyectos abortados. De la Cruz insistió en que el Consistorio había facilitado una memoria de las tres intervenciones para la consecución de la subvención, pero no hizo lo propio con las obras a las que posteriormente destinó supuestamente los 33.333 euros.

La denuncia fue presentada en 2015 por el concejal del PP Antonio Sánchez tras comprobar, durante la visita con el trabajador municipal de la dehesa, que los trabajos para los que el Ayuntamiento solicitó la subvención no fueron efectuados.

La segunda y última sesión del juicio se retoma mañana a las 10 horas con la participación de trabajadores de la Diputación.