Cuando hablamos de que en España el setenta por ciento de la población vive concentrada en el treinta por ciento del territorio estamos hablando de un problema grave, un problema estructural, una cuestión de Estado, que, sin embargo, no está reflejada en la Constitución como tal pero que afecta al ejercicio correcto de los derechos constitucionales más básicos  como la educación, la sanidad o la vivienda. Sin duda la Constitución es el mejor antídoto contra la despoblación, aunque el problema no está expresamente citado en el texto constitucional.
Sí aparecen otras realidades, como la insularidad. El artículo 138 de la Carta Magna establece: «El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio, y atendiendo en particular las circunstancias del hecho insular». Los padres de la Carta Magna tuvieron en cuenta en aquel momento de 1978 el condicionante indudable de la insularidad a la hora de conseguir ese equilibrio solidario entre las partes del territorio nacional establecido como objetivo prioritario en el texto.
Mucho ha cambiado la percepción de las cosas en estos casi cuarenta y cinco años de trayecto constitucional. Si la Constitución se hubiera redactado ahora no establecería, por ejemplo, la preeminencia del varón en la sucesión a la Jefatura del Estado. En aquel momento España tenía ya un problema de despoblación, pero ni estaba en la agenda pública ni en la política como sí estaba la evidencia del hecho insular como factor que podía distorsionar el equilibrio territorial del Estado. Es ahora, sobre todo a raíz de la revuelta de la España Vaciada de 2019, cuando los colectivos implicados en el problema reivindican la inclusión del desequilibrio inherente a la España Vaciada en el texto constitucional.
Abrir el melón de la reforma constitucional es complicado en un país como el nuestro y en un momento de máxima polarización como el actual, aunque la despoblación, eso sí, no sería el problema en esa reforma ya que es un tema que tiene a día de hoy uno de los mayores niveles de acuerdo y transversalidad, como se pudo ver en Castilla-La Mancha con la aprobación en Cortes Regionales de la pionera ley contra la despoblación en el territorio. En esa ley se muestra el camino a seguir y debería ser el embrión de una ley nacional que sirviera de paraguas a todo el territorio despoblado en nuestro país, principalmente concentrado en las dos Castillas, Aragón, Cantabria, Extremadura o Galicia. La España interior tiene un drama poblacional que debe ser considerado como una cuestión de Estado al mismo nivel que los derechos que garantiza la Constitución y que en estas zonas se llevan a efecto con mucha mayor dificultad.
Afortunadamente el asunto, ahora sí, está en agenda, el problema está diagnosticado, hay cada vez más personas implicadas en la solución desde una toma de conciencia apasionada, jóvenes sobradamente preparados que, sin embargo, no quieren renunciar a construir su futuro en el lugar de sus raíces y que luchan desde iniciativas imaginativas y encomiables por llenar de vida todos esos entornos. En realidad, no hay mayor tarea constitucional que esa de poner a funcionar amplísimas zonas de nuestro territorio que están en riesgo de muerte. Si, además, la despoblación que afecta al setenta por ciento del territorio nacional quedara contemplada, como la insularidad, en el texto constitucional sería un paso fundamental en esa toma de conciencia, aunque para ello haya que esperar al momento oportuno de mayor calma y sosiego, sin el temor a que esa reforma sea aprovechada por los enemigos múltiples de nuestra convivencia para romperla introduciendo alguna mercancía averiada. España tiene por delante unos años clave, incluso para la propia supervivencia de la Constitución de 1978. Si salimos del trance airosos será el momento de contemplar al máximo nivel las cuestiones de fondo y estructurales que serán las fundamentales para que sigamos avanzando por la ruta del éxito como país. Llenar de vida la España vaciada es una de esas cuestiones de alcance que merecen una mención constitucional.