La ocupación  involuntaria (presuntamente) por el Ayuntamiento de Toledo de 350 metros cuadrados de un terreno particular (en el Paseo de la Alcurnia, derrumbaderos de las Carreras de San Sebastián, zona del Barco de Pasaje) ha terminado, casi 30 años más tarde, en una expropiación millonaria. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fija el justiprecio en 1.908.140 euros (más los intereses, a contar desde agosto de 2017). La clave está en que «la expropiación debe afectar a toda la finca (de 9.359 m2), al margen de cuáles fuesen las zonas ocupadas».

En la sentencia se deja caer que ese factor ha sido despreciado por el Ayuntamiento de Toledo que, en su contestación a la demanda, cuestiona «de forma muy breve y con escaso desarrollo» que la superficie a indemnizar sea la que reclaman los particulares.

Es un hecho que en abril de 2003  el arquitecto municipal valoró este suelo urbano utilizado como parte de un proyecto para la «ordenación de las riberas del Tajo» a razón de 300 euros el metro cuadrado y el Ayuntamiento siguió manteniendo este precio en diversas resoluciones. El interesado, por su parte, aceptó dicho valor en la hoja de aprecio (agosto de 2017) solicitando en total 2.878.227 euros.

Menos mal que los magistrados han reducido la superficie a valorar porque previamente había 3.079 metros cuadrados ocupados por viales públicos que cruzaban la propiedad. «Tal vez la actuación municipal supuso algún tipo de ampliación respecto de los viales anteriormente existentes, pero es imposible saberlo con los datos que tenemos y por ello hemos de eliminar toda la superficie mencionada. Sumando todas las superficies anteriores de viales, tenemos 3.079,64 m2» (que se resta de lo que se paga porque los caminos ya estaban allí antes de la ocupación).

En todo caso, el resto de la finca es suelo urbano no consolidado y el destino «está demostrado» que era de espacios libres (es lo que estableció el Plan Especial del Casco Histórico para toda esta zona) y que confirma el Ayuntamiento  en el Plan General para «Zonas Deportivas de Paseo y Expansión».

Por eso, de acuerdo con la Disposición Preliminar de la LOTAU (ley del suelo regional), la sentencia de febrero de 2006 dijo que siendo los Espacios Libres un Sistema General de dominio público debían ser objeto de expropiación.

En consecuencia, el TSJ estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo,  anula la resolución del Jurado Regional de Valoraciones de Castilla-La Mancha (mayo de 2019) y la que desestimó el recurso de reposición y fija el justiprecio debido por el Ayuntamiento de Toledo en la cantidad de 1.908.140,85 €, con sus intereses desde 11 de agosto de 2017.

Además, hay que sumar los 113.209 euros que ya se pagaron en su día por los 350 metros cuadrados que dieron origen al pleito.