El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha declarado el estado de emergencia por primera vez en la historia del país en respuesta a las protestas contra las restricciones impuestas por el coronavirus, en contra de la vacunación y el pasaporte COVID-19.
Trudeau ha explicado que esta medida será "limitada en el tiempo", su uso será "responsable y proporcionado" y ha asegurado que no se recurrirá al Ejército. Con esta declaración, la Policía tendrá "más herramientas" para detener o multar a los manifestantes y proteger además infraestructuras clave para el país.
"El alcance de estas medidas será limitado en el tiempo, geográficamente específico y proporcional a las amenazas que pretenden abordar. Se utilizará para fortalecer y apoyar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, en todos los niveles, donde sea necesario en todo el país", ha matizado Trudeau en su perfil oficial de Twitter.
En este sentido, ha remarcado que servirá para que "los canadienses estén a salvo" y para "proteger los empleos de la gente" tras tres semanas de protestas contra las restricciones que ya no serán protestas legales, sino "una ocupación ilegal".
"No podemos y no permitiremos que continúen las actividades ilegales y peligrosas", ha subrayado el mandatario canadiense, agregando que esta ley otorga al gobierno poderes sustanciales a corto plazo para hacer frente a una crisis de proporciones mayores.
Sin embargo, el primer ministro de Quebec, François Legault, se ha mostrado contrario a la aplicación de esta ley, ya que según él "podría echar más leña al fuego": "Hasta ahora no tenemos ningún problema en Quebec", ha remarcado, agregando que, si bien en Ottawa la ley podía ser útil, "no ayudará al clima social".
Por su parte, la premier de la provincia de Manitoba, Heather Stefanson, ha resaltado, en la misma línea que Legault, que esta ley podría tener "efectos radicales" y consecuencias negativas imprevistas y extralimitadas.
"Las acciones ilícitas no se pueden tolerar, pero la situación en cada provincia y territorio es muy diferente y no se puede abordar con una sola medida", ha dicho Stefanson.
Por otro lado, la viceprimera ministra, Chrystia Freeland, ha explicado que los bancos podrán embargar las cuentas personales de quienes participen en estas protestas y además se podrá suspender el seguro de los vehículos de cualquier activista.
Además, las autoridades canadienses están preparando una ampliación de la normativa sobre financiación del terrorismo para que incluya las criptomonedas y las plataformas de recaudación en internet.
"Estamos haciendo estos cambios porque sabemos que estas plataformas se utilizan para apoyar bloqueos ilegales y actividades ilegales que están dañando la economía canadiense", ha resaltado Freeland, agregando que la orden cubrirá "cuentas tanto personales como corporativas".
Este domingo las fuerzas de seguridad despejaban el puente Ambassador de Windsor, una de las vías más importantes que comunica Canadá con Estados Unidos que estaba bloqueada por los antivacunas desde el pasado martes. Mientras, cientos de manifestantes continúan acampados en Ottawa.
En el marco de los altercados, al menos 13 personas han sido detenidas este lunes cerca del principal cruce fronterizo de Estados Unidos en el sur de Alberta por tener acceso a armas. En concreto, la Policía habría incautado armas de alcance largo, pistolas, varios conjuntos de chalecos antibalas, un machete, una gran cantidad de municiones y cargadores de armas de fuego de alta capacidad, según recoge la cadena canadiense CBC.