El Ayuntamiento de Toledo se ha visto obligado a pagar por sus errores 178.482 euros para resarcir a cuatro empresas por las más diversas causas, pero siempre mediando una sentencia judicial condenatoria o la amenaza de una demanda. El dinero sale de los 420.000 euros reservados para el Fondo de Contingencia creado precisamente para aplacar gastos imprevistos (no presupuestados). Lo peor para los beneficiarios son la cantidad de años que pierden pleiteando.

La constructora 'Insore SA' ha tenido que esperar desde 2007 para recibir 15.799 euros por los intereses de unos avales que fue obligada a contratar para edificar en Azucaica y que no le sirvieron para nada.

La historia de este caso lo marca en junio de 2013 una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Toledo obligando al Ayuntamiento a devolver la garantía de 134.000 euros y a indemnizar por los gastos de mantenimiento del aval de 410.231 euros. El Ayuntamiento recurrió logrando una rebaja respecto a lo que le reclamaban. En octubre de 2021 dicta sentencia definitiva el TSJ limitando el abono a los gastos derivados de la prestación y mantenimiento de los avales acreditados documentalmente y la Junta de Gobierno Local acuerda iniciar los trámites para la utilización del Fondo de Contingencia.

En segundo lugar, el Ayuntamiento de Toledo paga 13.671 euros a la empresa 'Estrumar, Estructuras Marcos SA UTE' por la liquidación final del contrato para la construcción de dos pasarelas peatonales que conectan las zonas residencial e industrial del Polígono y Buenavista con el  hotel 'Beatriz'. La reclamación data de 2012 y en julio de 2018 se dictó sentencia (Juzgado Contencioso nº 3 de Toledo).

En este pleito el Ayuntamiento ha pagado 21.000 por el retraso en el pago de las certificaciones de obras nº 1 a 9; otros 21.073 euros por la certificación de obra nº 10; además 48.094  euros de la liquidación final del contrato; 4.100 euros para intereses y costas y ahora estos 13.671 euros finales  con cargo al Fondo de Contingencia.

La tercera empresa a la que se ha indemnizado es 'Limasa Mediterránea SA' (anterior concesionaria de la limpieza de colegios y edificios públicos) con 94.867 euros por excluirla en 2017 del concurso para la nueva adjudicación con un dictamen del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que recurrió y el TSJ anuló al considerarlo contrario a derecho. Por lo tanto, el pago se hace «en concepto de beneficio industrial dejado de percibir durante el tiempo fijado para la ejecución del contrato» y de nuevo el dinero sale del Fondo de Contingencia.

Evitar otra condena. Por último, se van a pagar  54.143 euros a 'Gistc Total Congress And Meeting SL' (dedicada a organización de eventos, convenciones, congresos y ferias) para que «desista del recurso» que ha presentado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Toledo.

La operación se hace a propuesta de la asesoría jurídica contratada por el Ayuntamiento a la vista de que el pleito tiene todas las papeletas para perderse ya que la empresa solo pide que le paguen por un trabajo que hizo (septiembre y noviembre de 2018 para el I Foro internacional de migraciones y convivencia 'Toledo Cultura de Paz' y para el Festival CIBRA). De hecho un informe  del Gabinete de Alcaldía (marzo de 2022) señala que las facturas reclamadas (de 8.875 euros, 29.668 euros y 15.600 euros) «se corresponden con servicios efectivamente prestados».

En consecuencia, los servicios jurídicos «ven adecuado adoptar acuerdo en virtud del cual el demandante renuncia a la reclamación de intereses y costas» por ser «favorable a los intereses municipales al evitar una más que probable condena al pago de la totalidad del principal más interés y costas».