La imagen del Casco Histórico prácticamente vacío a media mañana del tercer domingo de marzo de 2020 fue difícil de asimilar. Tal día como hoy de hace tres años; aunque parezca que ha pasado ya un mundo.

El silencio en las calles de Toledo llamaba la atención en la primera jornada con el estado de alarma en vigor en todo el país. La otra novedad que se percibía enseguida era la presencia de la Policía Local en los puntos neurálgicos del Casco Histórico y del resto de barrios de la ciudad. Unidades en la plaza del Ayuntamiento, en la de Zocodover y, paradas o patrullando, en la calle Ancha. Por la mañana solo se notaba su presencia, pero después empezaron a preguntar a donde se dirigían los contados vecinos que se asomaron ese día a la calle.

Tras un Consejo de Ministros que duró siete horas, el Gobierno decretaba el 14 de marzo el Estado de Alarma, una decisión excepcional que solo se había tomado una vez en la democracia, cuando los controladores aéreos paralizaron el país con una huelga encubierta en diciembre de 2010. Si en aquella ocasión lo que se pretendió con ese decreto gubernamental fue hacerse con el control de los aeropuertos, en esta, el objetivo principal buscaba restringir el movimiento de personas por todo el país para intentar frenar la propagación del coronavirus. En aquel momento, en la provincia de Toledo habían fallecido ya dos personas por causa de la Covid y en la región se habían detectado 401 positivos. Actualmente los datos de contagios se han dejado de cuantificar por ser prácticamente inabarcables, y la cifra total de muertos en la provincia de Toledo a datos del pasado 3 de marzo es de 2.932 personas.

En aquellos días de hace tres años, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció que las medidas «eran drásticas y tendrían consecuencias», pero defendió que al Ejecutivo no le iba a «temblar la mano para ganar la batalla al virus». Así, el Consejo de Ministros decidió que durante la vigencia del estado de alarma -en un principio de 15 días prorrogables con la bendición del Congreso de los Diputados- los ciudadanos únicamente pudieran circular por las vías de uso público «de forma individual» para la realización de un limitado número de actividades: adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistencia a centros sanitarios o entidades financieras; ir a trabajar en el caso de sectores esenciales; volver a la residencia habitual; y el cuidado de personas mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. El resto de la actividad se paró de golpe.

Las draconianas medidas para frenar al nuevo patógeno llegado de China cambiaron mucho el aspecto de una ciudad que el domingo 15 de marzo amanecía con casi todos los cierres echados. La estampa era absolutamente insólita, aunque por la mañana se pudo ver a algunos transeúntes por las calles, entre los que no se hacía ya extraño encontrarse con los guantes y mascarillas, que la epidemia convirtió en uno de los bienes más demandados. 

El 9% de los habitantes de la provincia se contagió de Covid durante el primer año de pandemia, en el que fallecieron 2.078 toledanos. Es decir, una media de cinco al día. La situación fue tan grave que el número de decesos superó a los ocurridos en regiones como Extremadura, Asturias, La Rioja o Murcia.

En los dos años posteriores la cifra de decesos causada por el virus ha sido más moderana que en los inicios, superando las ochocientas personas.

Los datos del primer año de pandemia señalan que el exceso de mortalidad que se produjo en la provincia de Toledo se situó el 31%. Es cierto que en todas las comunidades autónomas se detectó un exceso de defunciones, pero sobre todo en Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha.