Claudia Alonso, jefa de filas del PP municipal, presentó ayer en los juzgados de Toledo una denuncia para que el concejal encargado de la recogida de basura, Ramón Lorente, informe a los tribunales su afirmación, en la que no dejó ningún genero de duda, de que en el Ayuntamiento de la capital se han modificado pliegos de concursos públicos para adjudicar servicios a una empresa concreta. Ya de paso, los populares aportan una serie de ejemplos con los que confían en que la Justicia se anime a pasar por su tamiz todos los contratos dudosos, como el relacionado con la capitalidad gastronómica que los propios juristas municipales han dictaminado que no cumplió la ley. Alonso explica que presentan una denuncia ante la Fiscalía para que investigue la supuesta comisión de hechos delictivos por la modificación de pliegos de contratos.

Dice que lo hacen por dos motivos: primero, que Lorente, integrante del equipo de Gobierno, afirmó en una Comisión de Hacienda que eso ha ocurrido en el Ayuntamiento de Toledo. Sobre este particular indica que

el PP le requirió por burofax que aclarase sus declaraciones recordándole que si uno tiene conocimiento de la comisión de hechos delictivos y no lo pone en manos de la Justicia, a su vez, comete un delito.

En segundo lugar, Alonso subraya que el PP ha plantea preguntas en el Pleno sobre este asunto pero se han encontrado que a Lorente «no le dejan hablar» sino que en su lugar respondió la portavoz socialista (Noelia de la Cruz) «y no aclaró nada», dejando en el PP «la duda de si tienen que esconder algo mucho más gordo».

La concejal de la oposición admite que puede pensarse que a Lorente «se le calentó la boca y ya está», que el asunto no da para más, pero da la casualidad de que esa declaración viene precedida de otro caso visto en la sesión de marzo de la Comisión de Hacienda donde, «con los votos del PSOE y del señor no adscrito» dieron curso a un convenio extrajudicial de una reclamación de cantidad por la contratación de la publicidad de la capitalidad gastronómica.

Lo interesante de ese caso es que «los informes del secretario» exponen que fue una contratación verbal, es decir, el propio Gobierno municipal «deja claro que una Administración pública contrata de forma irregular» ya que por la cuantía de más de 30.000 euros era objeto de «contrato mayor, necesitaba pliegos, concurso y mesa de contratación pero no se hizo nada de eso». Adjudicaron a esa empresa «porque le dio la gana a la señora Tolón» (la alcaldesa).

Alonso recalca que «las contrataciones verbales están prohibidas» (salvo estados de emergencia como ocurrió para hacer frente a Filomena) y señala que el PP lo pone en conocimiento de la Justicia porque no quieren «incurrir en delito».

«Si Tolón incurrió en ilegalidad cuando contrató tiene que ser los tribunales o que lo digan», aclara, y añade que no puede ser «que el Ayuntamiento de Toledo quede en entredicho» y dejar la sensación de los que se contrata «a dedo».

Recuerda que los del PSOE «llevan 14 años gobernando» y no le parece correcto que «si se ha producido una ilegalidad quede al margen de los tribunales». Su deseo es que los hechos tengan las responsabilidades penales o civiles que correspondan y no le vale que pongan como excusa de lo dicho por Lorente el contrato de la basura de hace 15 años ya juzgado, archivado  y sobreseído
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