Casi dos meses después de la suspensión impositiva del IVA en algunos alimentos básicos de la cesta de la compra, o su reducción porcentual en otros como el aceite de oliva, apenas se aprecia un efecto de rebaja en la inflación, según las organizaciones profesionales agrarias (OPAS), incluso el propio Ministerio de Agricultura que trata de demostrar con las primeras décimas que se va frenando la tendencia alcista en los precios al consumo.
Preocupa, sin embargo, y mucho al Ejecutivo que el esfuerzo realizado no logre destensar la presión del IPC sobre la economía de tantas familias que tienen otros frentes que amenazan su consumo y capacidad de gasto, con un crédito más caro y una financiación más difícil.
Por todo ello, la convocatoria del Observatorio de la Cadena Alimentaria -este mismo lunes- donde están representados no solo los productores, sino también la industria, la distribución y los consumidores, buscará un análisis más sosegado de la situación visto que la alimentación sigue por las nubes mientras otros valores se moderan.
En el MAPA creen que hay razones para pensar que ya ha pasado el pico de costes desbocados una vez que la energía tocó techo en octubre como refleja hoy el precio de los fertilizantes nitrogenados. En el caso de los piensos se van relajando aunque las compras de materias primas durante los meses más caros, todavía no parece haber liberado la presión en las formulaciones.
Con todo, si no hay ningún evento exógeno -el clima, o que empeore la guerra- lo lógico serían -dicen en la Ronda de Atocha- que las reducciones en costes se vayan trasladando a los precios al consumidor, para lo cual, «todos los agentes de la cadena deben ser responsables».
Por ello, parece evidente que la intención de la reunión pasa por identificar posibles disfunciones o localizar al eslabón de la cadena alimentaria que anda suelto, sin engarzar con las cláusulas de la ley que busca construir y repartir el valor entre todos los que operan y la conforman.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, tras reunir al consejo asesor agrario, dijo con mucho cálculo que «se trata de compartir el análisis de cada uno de los sectores, de la industria, de la distribución también de los consumidores…» y añadió que «cada uno está haciendo lo que debe hacer, pero desde el Gobierno queremos que el precio de los alimentos disminuya porque representa un peso importante para las familias».  A buen entendedor…
   Las opas están muy preocupadas por que la situación se torne en un problema hacia el productor que, aunque ha visto revalorizar también lo que percibe en origen, no es el responsable de las aparentes distorsiones que cualquiera divisa en el lineal. Y así lo verbalizó por ejemplo Pedro Barato, el presidente de Asaja, cuando aseguró que «ya hay voces que dicen ya que los culpables son los agricultores». Exigió que haya una trazabilidad en la conformación de estas referencias porque recordó que la ley es de obligado cumplimiento para todos.
   En esta misma dirección, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos argumentó que aunque «se está cumpliendo» la nueva norma, reformada en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2021, «ni con mucho es como para que se disparen los precios de los alimentos de la forma en que se ha planteado. Aquí hay alguien que está ganando mucho dinero», sentenció.