La ruptura de las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un nuevo golpe a la línea de flotación de un estamento clave para la calidad democrática de un país que tiene a la Justicia, y su independencia, como uno de sus pilares. La marcha atrás de Feijóo, cuando el acercamiento entre PP y PSOE parecía salvar una situación que se prolonga durante los últimos cuatro años, arroja más dudas sobre el funcionamiento de uno de los poderes sobre los que se sustenta el ordenamiento constitucional, teoría que queda en papel mojado.

Para los dos grandes partidos, es hora de escribir el relato. Su relato. Por un lado, las declaraciones de las últimas horas, como las de ayer de la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y también ministra de Educación, Pilar Alegría, se dirigen a menoscabar el liderazgo de Núñez Feijóo al frente del PP. Los vaivenes del presidente popular, el exagerado protagonismo de Ayuso, por momentos presidenta de facto con la abrupta defenestración de Pablo Casado como precedente, arrojan dudas sobre la idoneidad del gallego para liderar el regreso a La Moncloa de su partido. Un surco en el que profundizan los socialistas para vender la progresiva debilidad de Feijóo entre los suyos.

Mientras, la intención del PSOE de conceder a sus socios de ERC una reforma de la sedición a medida acrecienta la sensación, sobre todo por la cercanía temporal de la insurrección secesionista, de que delitos como el del fatídico octubre catalán, en 2017, serán castigados pero no con la dureza que merece un desafío de tamaña gravedad. Se apoya el PP en la idea de que el Gobierno da la iniciativa a los enemigos del país a cambio de su apoyo a los Presupuestos, es decir, a cambio de estabilidad. Una práctica habitual en tiempos de minorías. Una excusa más para el PP de Feijóo, que en las negociaciones había incluido algunas de sus exigencias, como limitar las puertas giratorias en el ámbito judicial, mermar la influencia política y apuntar, a medio plazo, a que los vocales del Poder Judicial sean elegidos por los propios jueces. Obvia el PP que las reformas han de impulsarse desde el Gobierno, o sea, ganando unos comicios, y no desde la oposición, condición que no exime de cumplir la Constitución. Tampoco merece un aplauso la argucia del PSOE al utilizar la renovación del CGPJ como cortina de humo para reformar la ley de sedición.

Este episodio, que roza el esperpento, hace tiempo que no pasa desapercibido en Bruselas. La Comisión Europea alerta de una deriva preocupante: se debe reducir 'la influencia' de los poderes ejecutivo y legislativo sobre el judicial. Un reiterado aviso en vísperas de la Presidencia española de la UE. Los precedentes no ayudan y el desbloqueo llegará, como pronto, tras las Generales. Mientras PP y PSOE tratan de imponer su versión, la gran víctima de su penúltimo desencuentro es la Justicia y, por ende, los ciudadanos.