A pesar de que se ha entrado en una etapa de distensión que tendrá un carácter “inédito” en el que se pondrá a España al nivel de su tradicional socio y aliado, Francia, las autoridades marroquíes deben estar sonriendo por el último coletazo de la crisis que supuso la llegada a España del líder del Frente Polisario Brahim Gali, aquejado de la COVID-19 de la que fue tratado en un hospital de Logroño. La derivada de esa crisis es el procedimiento judicial abierto para saber si su entrada en España cumplió con la legalidad y para ello están ya siendo investigados la exministra de Exteriores y su jefe de Gabinete, han sido llamados a declarar generales del Ejército del Aire y la intención final de todo el proceso es saber si Pedro Sánchez dio la orden de que se acogiera a Gali. Una vez más se busca un ‘señor X’.
Un procedimiento judicial que está lleno de irregularidades y de intenciones espurias. Cualquier país debe tener derecho a acoger por ‘razones humanitarias’ a quien considere que lo necesita incluso si eso puede originar una crisis diplomática con otro país, faltaría más, y más tratándose de una persona que tiene la nacionalidad española. Y desde luego no se podía ceder al chantaje marroquí que tenía como objeto hacer variar la posición tradicional de España sobre la autodeterminación del Sahara Occidental mediante un referéndum auspiciado por la ONU. Si, como apuntan determinadas informaciones, las autoridades marroquíes no estaban tan ajenas a la operación de llegada del líder del Polisario como se ha hecho creer, y luego desatan una crisis de carácter humanitario como la apertura de las fronteras para que llegaran varios miles de sus nacionales a Ceuta, sería para cerrar filas con el Gobierno y no tratar de sacar réditos políticos, que es lo que se pretende con la judicialización del caso Gali.
Otra variable de este asunto es por tanto su utilización política. Sorprende que un conocido juez de Zaragoza asuma una denuncia que ya había sido rechazada por un juzgado de Logroño que no apreció ningún delito en la entrada de Gali en España, que otorgue trato de favor a las acciones populares que ejercen la acusación con errores procesales reconocidos incluso por el juez instructor, pero que hace caso omiso de ello cuando se lo reclama la Abogacía del Estado.
Si Gali cuenta con un documento nacional de identidad español, si se trató de una decisión de carácter humanitario, si la crisis con Marruecos está ya resuelta y su supuesta causante, la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, fuera del Gobierno desde la última remodelación, si los perjuicios personales esgrimidos por una de las acciones populares son nimios y más consecuencia de la COVID-19 qué de la crisis con Marruecos, el archivo de las diligencias tendría que ser automático. “El Gobierno de España hizo lo que debía, que es dar respuesta a una cuestión humanitaria, y lo hizo como debía, conforme a la ley”, resumió la posición del Ejecutivo su jefe, Pedro Sánchez, que defendió a su exministra –a quien se enfrentó Grande-Marlaska por este asunto-. Una declaración que debiera ser suficiente si su credibilidad no estuviera por los suelos. Frente a esa posición, el PP intenta que la exministra ceda a la presión y delate a quien fue su superior, que es lo que verdaderamente les interesa.