Suele decirse que no hay dos sin tres y los letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, están dispuestos a ir a por todas y a secundar por tercera vez una huelga. La semana pasada pararon miércoles y jueves , con un gran éxito de convocatoria, y todo indica que volverán a secundar la nueva protesta que se ha convocado a nivel nacional por parte de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) si las reclamaciones que se han efectuado al Ministerio de Justicia continúan estancadas y la administración no da pasos ni se acerca a los afectados.
Lo cierto es que cada jornada de protesta tiene un alto coste, tanto económico como de actividad. Los pasados 9 y 10 de marzo pasaron factura al partido judicial de Toledo capital -y a los seis restantes de la provincia- puesto que fue secundada físicamente por el 85,7% de los letrados de la Administración de Justicia y únicamente tres de ellos no figuraron en la convocatoria, pero hay que tener en cuenta que una huelga siempre obliga a decretar servicios mínimos.
Según ha podido conocer La Tribuna, en Toledo capital se suspendieron más de un centenar de juicios y declaraciones en estos dos días, puesto que el miércoles, el primero de ellos, hubo que posponer 60, a lo que hay que añadir la paralización en las tramitaciones y asuntos, puesto que sin la presencia de los antiguos secretarios judiciales «no sale ningún papel de los juzgados», como apuntaron algunos de ellos a las puertas del Palacio de Justicia cuando se concentraron para visibilizar la protesta.
En esa misma jornada también hubo que suspender 15 juicios en Quintanar de la Orden, 7 en Orgaz y más de 15 en Illescas, tres de los siete partidos judiciales de los que se conocen los datos.
También el jueves pasado, segundo día de huelga, la actividad judicial se resintió, puesto que se suspendieron todas las actuaciones señaladas en los juzgados de lo Social, Menores, y el 100% de la Primera Instancia. Asimismo, hay que tener en cuenta que lo que no se suspendió también se invalidó por el hecho de no contar con la actividad de los letrados de la Administración de Justicia, salvo para las actuaciones y materias consideradas urgentes.
Los datos nacionales indican que dejó de moverse más de 30 millones de euros en los juzgados en estos dos últimos días de protestas y se suspendieron más de 70.000 juicios y actuaciones contando con todos los órganos jurisdiccionales.
reivindicaciones. Los letrados de la Administración de Justicia no están dispuestos a conformarse con su situación actual a pesar de la falta de respuesta del Ministerio de Justicia. Exigen que de manera «inmediata» se reconozca el derecho a la negociación colectiva propia de este cuerpo, que implicaría el inicio de los trámites para la puesta en marcha «de las reformas legislativas necesarias».
También piden que se abonen los 195 euros que se fijaron en el acuerdo que se firmó con los sindicatos, un pacto con el que tampoco están de acuerdo porque se tomó a sus espaldas, con lo que únicamente consideran que la administración debe pagarlo como un complemento nacional y no como una adecuación salarial.
Entre otras reivindicaciones, los afectados solicitan la equiparación salarial y efectiva con el resto de los grupos A1 de la Administración General del Estado y, en particular con los de la administración de Justicia, la entrada en vigor del Real Decreto 101/2019, que regulaba el sistema de sustituciones voluntarias de este cuerpo, un complemento para los encargados del Registro Civil, que la productividad sea como mínimo al 5% y se establezcan las bases para el plan de prevención de riesgos laborales.