Tormenta absoluta en el tercer poder de Montesquieu, justo cuando el Rey preside la apertura del año judicial. Nunca hubo tal revuelo en el mundo de las togas y las puñetas, jamás se interfirió tanto el poder político en la Justicia, rara vez el desprestigio, y lo malo es que no solamente a escala nacional, alcanzó tal nivel en el necesario equilibrio de poderes que conforma una buena democracia. Hemos llegado a un punto en el que, si las cosas no se arreglan en las próximas cuarenta y ocho horas, el daño a la propia imagen exterior de España, y que sufrirán los propios españoles en su confianza en el sistema, puede ser irreversible.
El presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que inaugura solemnemente en las próximas horas el año judicial junto al jefe del Estado, ha llegado a estar enfrentado a una parte de los consejeros, que rechazaban incluso, contra lo que dice la ley, proponer nombres para ocupar dos vacantes del Tribunal Constitucional. Al tiempo, Lesmes es objeto de una campaña de filtraciones maliciosas (y creo que mendaces) que le presentan negociando subterráneamente con el Gobierno para obtener él mismo, cuando abandone su actual puesto, del que tendría que haber salido hace cuatro años, una plaza en el Constitucional, en cuya renovación está uno de los epicentros del enorme escándalo. El otro, ya se sabe, se sitúa en la renovación del propio Consejo del Poder Judicial, que lleva varada la nada despreciable cifra de mil trescientos cincuenta días, si mis cálculos no fallan.
Porque el Gobierno, así hay que presentarlo, quiere controlar el TC, y el Partido Popular no quiere perder el actual control sobre el alto organismo, última instancia de cualquier recurso. Y, para obtener ese control, el Ejecutivo ha llegado a 'contrarreformar' su propia reforma de la ley del poder judicial, intentando forzar al CGPJ a nombrar a dos magistrados para poder legalmente el propio Gobierno nombrar otros dos, que serían, claro, favorables a sus tesis.
Lógico que muchos magistrados del muy fracturado Consejo, que se han situado en posiciones claramente antagónicas al Gobierno, se sientan vejados y traten de paralizar un proceso que ya empezó mal, con un vergonzoso acuerdo subterráneo entre PSOE y PP el pasado mes de noviembre para nombrar a cuatro magistrados del TC 'afines' a uno y a otro partido, uno de ellos sospechoso de no cumplir siquiera los requisitos necesarios para formar parte del Tribunal. Y, si la cosa empezó mal, continuó peor, reformando el Gobierno, también en 2021, la legislación, para impedir así que el CGPJ pudiese nombrar magistrados, argumentando que el mandato constitucional de este Consejo ha vencido ya, como arriba decía, ¡hace casi cuatro años!.
Pero, en este 2022, el Ejecutivo reformaba de forma exprés su propia reforma del año previo, para permitir ahora que el Consejo nombre -eso sí, solo a ellos-- a dos miembros del TC, posibilitando legalmente así al Ejecutivo para nombrar otros dos, afines, que darían mayoría a los socialistas en el importantísimo organismo que dirime en última instancia todos los conflictos que afectan a la Constitución, que por cierto son muchos y muy importantes.
Comprenderé si usted me dice que no hay manera de entender este galimatías: la propia parálisis en la preceptiva renovación del gobierno de los jueces; las maniobras intolerables para hacerse, unos y otros, con el Constitucional; la falta de entendimiento de los partidos mayoritarios para hacer cumplir la Constitución en lo que a la renovación de los órganos judiciales respecta; las maniobras orquestales en la oscuridad dirigidas contra Lesmes; las rebeliones de los propios magistrados, que, eso sí, aceptan ser encuadrados en la derecha o en la izquierda para ocupar sustanciosos sillones.
Y, por fin, el cierto caos que se está estableciendo en una justicia que, atada de manos, no puede nombrar magistrados porque quien debe nombrarlos está, él mismo (el CGPJ), caducado. Así que no se inquiete: le confesaré que yo mismo me siento casi incapaz de entender las complejidades en el proceso que están generando tantas maniobras torticeras, tanta legislación desfasada y tanta falta de sentido del Estado. Aquí no se salva nadie.
Eso, el encogimiento de hombros de la ciudadanía ante un proceso que no hay quien entienda, es lo que yo creo que se busca: que todos miremos hacia otro lado, azuzados con maniobras de distracción, para que, entretanto, los que se llaman nuestros representantes políticos traten de copar lo que debería ser un poder independiente, al menos según los designios del barón de Secondat, y prácticamente ha dejado de serlo. De ahí las frecuentes llamadas de atención desde los organismos competentes de la Unión Europea, de ahí el bochorno que, quienes estamos obligados a seguir estos 'vericuentos', sentimos.
De nuevo, la falta de acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, la hostilidad hacia el estamento judicial mostrada por otras formaciones aliadas con el Gobierno y la creciente indiferencia de una opinión pública harta, lastran la pureza de nuestra democracia. La Justicia es, junto al Parlamento, un pilar básico de cualquier Estado que se quiera verdaderamente democrático, y la sociedad está obligada a exigir que su comportamiento y su funcionamiento sean impecables. Más vale que unos, otros y los de más allá se dejen de manipulaciones y de debates en el humo, asegurando todos ellos tener toda la razón y ser los otros los culpables del enredo, porque un día de estos les van a mandar a todos a hacer puñetas. Y entonces ¿qué?