Elecciones municipales y autonómicas en mayo y generales en fecha sin determinar, en principio antes de que finalice noviembre si se mantiene lo que indica la ley. El 2023 va a ser un año electoral y, si se confirman lo que hoy indican los sondeos, podría ser un año de cambio. 

Cambio en el Gobierno y, por tanto, cambio también en la sociedad. En el PP, Núñez Feijóo -si efectivamente se convierte en el próximo inquilino de la Moncloa- ha anunciado la derogación de algunas de las leyes más polémicas del actual Gobierno, así como promover nuevas iniciativas, sobre todo en la economía y la educación.

Las elecciones del 28 de mayo, es criterio unánime, definirán el resultado de las generales. Tanto, que en el entorno de Pedro Sánchez no se descarta la posibilidad de que el presidente decida convocar las generales en la misma fecha y disuelva las Cortes en abril. De momento, esa posibilidad solo ha sido tanteada, no se ha ido más lejos, pero si efectivamente decide acortar la legislatura significaría que hace suyos los pronósticos negativos de algunos barones socialistas, asume que el rechazo hacia su persona es muy superior al que le dice su amigo Tezanos y que solo podría salvar las siglas de su partido, y podría salvar su continuidad como presidente del Gobierno, si las generales quedan arropadas por las municipales y autonómicas.

El jefe del Ejecutivo no solo depende del resultado que alcance su candidatura, sino del resultado de los partidos a su izquierda. Necesita que el conglomerado de Podemos, más los independentistas catalanes, más Bildu, más el PNV, consigan los 175 escaños que le permitirían superar la investidura. Y ahí encuentra un serio problema.

Podemos vive una crisis existencial, más que política. Sufrió el desgarro de Íñigo Errejón con su Más País y, por otra parte, Yolanda Díaz no ha decidido todavía si va a ser candidata o no de su plataforma Sumar o si llegará a un acuerdo con la dirección de Podemos -que a estas alturas no está por la labor de convertirla en su candidata-. Quizá prefiera la vicepresidenta llegar a algún tipo de acuerdo con Sánchez. 2023 va a ser el año de la verdad para Díaz, el miembro de Gobierno más valorado, lo que demuestra que gran parte de los ciudadanos se encandilan con una política que sabe vender sus logros aunque no sean suyos, y que ha comprendido también que una buena imagen suaviza defectos como el radicalismo, la inconsistencia o una trayectoria plagada de traiciones.

Pere Aragonés ha anunciado que este año se celebrará un referéndum de autodeterminación en Cataluña, lo que niega Sánchez. Veremos. Otra incógnita relacionada con los independentistas es qué ocurrirá con la aplicación de la desaparición del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación y si las consecuencias de esas leyes serán tan beneficiosa para los delincuentes como está siendo la del Solo sí es sí para los condenados por violación o por abusos a menores. Esas leyes, pendientes de su confirmación en el Congreso, son precisamente las que tendrán consecuencias decisivas en las elecciones del 2023. Como la composición del Tribunal Constitución y la elección de su nuevo presidente o presidenta -Cándido Conde Pumpido podría no presentar su candidatura si prosigue el envenenamiento del clima entre los magistrados- o la renovación del Consejo General del Poder Judicial, hoy bloqueada.

Un nuevo PP

El 2022 cambió la vida de Feijóo, que dejó la Presidencia de la Xunta para asumir la del PP nacional. Su aspiración es que el 2023 le vuelva a cambiar la vida y se convierta en presidente de Gobierno.

De cara a este nuevo año, todas sus iniciativas están diseñadas para hacer más potente su candidatura, con especial incidencia en las propuestas económicas. Ha añadido al equipo de Juan Bravo a personas de trayectoria conocida en ese terreno y va a completar el programa anunciado hasta ahora con nuevas propuestas que incluyen una reforma de la reforma laboral ahora vigente, nuevas políticas fiscales, financiación autonómica y nuevo diseño de pensiones, así como medidas en educación.

De la misma forma que Sánchez mira permanentemente hacia los partidos situados a su izquierda, Feijóo mira permanentemente hacia su derecha para analizar qué pasa en Vox, que ha sufrido una pérdida importante, la de Macarena Olona, que debe decidir en cuestión de semanas si se presenta a las elecciones con partido propio. Feijóo procura no hablar de Vox, ni siquiera cuando le preguntan. No se engaña, sabe que el partido de Santiago Abascal se mantiene aunque hay momentos en los que presenta síntomas de declive, y va a volcarse en defender que él es el único candidato con posibilidades de vencer a Sánchez. Insistirá en que votar a partidos menores serán votos perdidos, y solo servirán para mantener a Sánchez en La Moncloa. No desprecia a Vox, no puede hacerlo, pero insistirá también en que si consigue llegar a La Moncloa, la única posibilidad de cumplir con el programa que propone será no estar supeditado.

Los españoles han iniciado el año con preocupaciones que van más allá de los problemas de partidos. La prioridad es la crisis económica y sus consecuencias en las familias, desbordadas por el incremento de la inflación y el alza de precios. El Gobierno ha anunciado medidas paliativas, aunque aún no se han apreciado sus consecuencias y el miedo es que no sean suficientemente efectivas. A ello se une la guerra en Ucrania, que afecta no solo a los dos países implicados sino a todo el mundo incluidas las grandes potencias como China y EEUU. Y a la UE y por tanto a España. Nos afecta en lo económico pero también en lo afectivo. Ucrania es un país cercano, en España vivían docenas de miles de ucranianos y varias decenas de miles más han llegado como refugiados. La esperanza es que se ponga fin próximamente a una guerra de consecuencias imprevisibles.

LA CORONA. En La Zarzuela son perfectamente conscientes de que hay miembros del Gobierno, y socios del Gobierno, que abogan abiertamente por la abolición de la Monarquía. Jamás pronuncian en Zarzuela una palabra crítica hacia Sánchez, pero es evidente para los españoles que no hace ningún gesto para expresar su apoyo a la Corona y transmitir así a sus socios su desacuerdo con la falta de apoyo a la Constitución -que recoge que España es una monarquía parlamentaria- y la falta de apoyo al Jefe del Estado. 

Se advierte, además, en el líder del Ejecutivo un interés en expresar que él es quien manda en España y no ha escatimado escenas de falta de respeto al Rey, ante las que Felipe VI nunca ha demostrado contrariedad sino que se ha limitado a estar en su sitio.

En octubre, la Princesa de Asturias cumple la mayoría de edad y a partir de ese momento tendrá que jurar en acto solemne la Constitución. No tiene por qué ser el mismo día del cumpleaños, que además en esta ocasión coincidiría con la campaña electoral, lo que sin duda podría incidir en su desarrollo. 

Ese juramento tiene una consecuencia que no escapa a nadie: no se comprendería que no acudiera a esa ceremonia el Rey Don Juan Carlos, que sigue en Abu Dhabi y con restricciones muy rigurosas para residir unos días en España. No es un problema menor, y en el Palacio de la Zarzuela no han tomado ninguna decisión por el momento, a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos de aquí a tal momento. 

Es un asunto de Estado. Y como todos los asuntos de Estado, deben ser atendidos con la máxima prudencia y tratando de esquivar las derivadas peligrosas. Tarea delicada cuando esas derivadas proceden en algunos casos del interior del Gobierno.