Vox registra hoy en el Congreso su segunda moción de censura con la novedad de presentar como candidato alternativo a una persona que no forma parte del partido y con una trayectoria política elíptica desde su militancia en los años 70 del siglo pasado el Partido Comunista de España.
La formación de Santiago Abascal presenta esta iniciativa de una manera instrumental, es decir, como una palanca para precipitar una convocatoria electoral que, de producirse, no sería más que un adelanto técnico ante unos comicios que deberían celebrarse a finales de año. He aquí el primer flanco débil de la justificación de Vox para un paso que, dado que está condenado al fracaso, parece un intento efectista de recuperar la iniciativa política.
Las mociones de censura, reguladas en el artículo 113 de la Constitución, son la vía parlamentaria más radical para exigir la responsabilidad política del Gobierno. Por lo tanto, la iniciativa de Vox es perfectamente legal y legítima al cumplir estrictamente con lo que establece la Carta Magna para ello. Es cierto que existen argumentos suficientes para que el Congreso llame al orden a un Ejecutivo que en los últimos meses ha forzado principios fundamentales del juego limpio democrático para sus fines -reformas del Código Penal ad hoc para beneficiar a sus socios parlamentarios- o ha fracasado en sus obligaciones de garantizar la protección efectiva de las ciudadanas, como han puesto de manifiesto los efectos de la Ley de garantía de la libertad sexual. Pero la respuesta parlamentaria a estos desatinos no puede resolverse retorciendo el espíritu constitucional, que no contempla mociones instrumentales sino iniciativas constructivas para evitar el vacío de poder con la elección inmediata de un nuevo presidente. Tampoco, tiñendo la iniciativa con la extravagancia de situar a un anciano de 90 años - por mucho prestigio que haya tenido en el pasado- ajeno al partido y que ha anunciado que no comparte muchas de sus líneas programáticas al frente del hipotético nuevo Gobierno.
Los golpes de efecto político pueden servir para la consecución de algunos objetivos inmediatos, pero la transformación permanente de la política en un espectáculo, tal y como denunció Guy Debord, la aleja de la realidad, debilita el debate público y ayuda a dispersar la atención de los ciudadanos sobre los problemas fundamentales reforzando el ejercicio acrítico del poder.
La moción de censura sirve para reclamar la responsabilidad del Ejecutivo, pero exige también un acendrado sentido del deber a quien la presenta si quiere mostrarse al electorado como un partido solvente y con aspiraciones mayoritarias. En este sentido, es más que cuestionable la utilización de las instituciones para fines partidistas, una tentación que generalmente cabe imputar a los partidos en el Gobierno, pero a la que, como ya ocurrió en la moción de octubre de 2020, no es ajeno Vox ni otras formaciones del arco parlamentario.