Sí, como todo apunta, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se hace cargo de la presidencia del Partido Popular, tendrá que hacer frente a dos situaciones heredadas en las que tendrá que demostrar si la posición del partido ha cambiado en algunos aspectos o si mantiene las de su predecesor, Pablo Casado. Es decir, si hay cambio o continuidad con lo que ello supondrá para marcar el inicio de su mandato. La primera prueba será su relación con Vox, el partido de la ultraderecha que se mantiene expectante con un líder político que les cerró el paso en su territorio. Se trata de un partido que se juega en terreno conservador.
La segunda prueba de fuego, sin embargo, compete al cumplimiento de los mandatos constitucionales, y dará la medida de la voluntad de Feijóo de dar un vuelco a los dictados que ha mantenido el PP a lo largo de los tres últimos años en los que ha impedido la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en principio por una serie de excusas relacionadas con los juristas que pudieran nombrarse por influencia de Unidas Podemos, hasta llegar a la imposición de un cambio del mecanismo para el nombramiento de los vocales en el que la mayoría fuera nombrada a propuesta de los propios jueces, con la excusa de que así se hace en otros lugares, pero obviando que las competencias del órgano de gobierno de los jueces españoles es más amplia y distinta a la de otros países europeos.
Las noticias procedentes del ámbito del presidente gallego afirman que, por su compromiso institucional, estaría dispuesto a facilitar la renovación del CGPJ, que ya estuvo a punto de lograrse en varias ocasiones. Por lo pronto es posible que cambie el negociador por parte popular, el actual consejero madrileño y responsable de Justicia del PP, Enrique López, una vez desaparecido Teodoro García Egea. . Pero un acuerdo ahora sobre el CGPJ demostraría que el PP ha dilatado la posibilidad del pacto de forma artificiosa e interesada políticamente, a la espera de que cayera el Gobierno o cambiara la mayoría parlamentaria. Un filibusterismo que además ha contado con un destacado apoyo mediático. O sea, que Feijóo deberá convencer a los suyos de que hay que cumplir con el mandato constitucional y a quienes apuestan por una mayoría conservadora en el CGPJ cuasi permanente.
Feijóo está obligado a vencer todas esas resistencias, si quiere mantener sus señas de identidad de gobernante moderado y contribuir con ello a desbloquear la situación en la que vive el Tribunal Supremo con numerosísimas vacantes sin cubrir, lo mismo que otros tribunales superiores, que limitan el ejercicio de la función judicial.
La segunda derivada, si se produce el acuerdo de desbloqueo será la elección de los vocales, que en ningún caso puede ser un fiasco como los candidatos que avaló el PP en la última renovación del Tribunal Constitucional. Tanto el PSOE como el PP cuentan con numerosos candidatos que, además de proximidad ideológica, atesoran méritos profesionales suficientes como para que su nombramiento no genere polémicas añadidas sobre su idoneidad. Sin renovación del CGPJ tampoco la habría del TC y serían dos los órganos constitucionales con miembros con su mandato caducado. La renovación de ambos supondrá que pasarán a tener mayorías 'progresistas'.