La luz verde del Consejo de Ministros al anteproyecto de Ley de Información Clasificada, conocida como 'de secretos oficiales', viene acompañada del enésimo desencuentro en el seno del Gobierno de coalición. Casi un ejercicio de costumbrismo político que preside la actual legislatura. Similar a la incapacidad de los dos principales partidos, PSOE y PP, para alcanzar acuerdos. La nueva norma sustituye a una de 1968 y era un objetivo del mandato de Sánchez. El trámite se ha acelerado tras el 'caso Pegasus' y no convence ni a Unidas Podemos ni a la oposición.

Una de las novedades del borrador es que las competencias pasan al Ministerio de la Presidencia, de Félix Bolaños, en detrimento del Ministerio de Defensa, hasta ahora el encargado de su gestión. Una medida que desde el PP ven como un intento de politización de los secretos oficiales y una maniobra que 'debilita' a Margarita Robles, titular de Defensa, quien ayer daba su beneplácito al trasvase, justificado desde Moncloa por el carácter «transversal» del departamento liderado por Bolaños. Por su parte, las diferencias más visibles del Ejecutivo con sus socios de investidura llegan en los plazos para la desclasificación de los archivos considerados de alto secreto, aquellos cuya difusión pude causar un daño grave al Estado. Así, se establecen 50 años de archivo para los documentos más delicados, prorrogables si persiste el riesgo que conllevaría su revelación. La propuesta de Unidas Podemos pasaba por reducir los plazos a 20 o 15 años. Un horizonte temporal, el del medio siglo, que tampoco convence al PNV, uno de los mayores promotores de la nueva norma, a independentistas catalanes ni a Bildu, cuyo coordinador, Arnaldo Otegi, manifestaba que se pretende ocultar la «guerra sucia» contra ETA. Todo es posible, pero una peligrosa concesión del Gobierno sería ceder la iniciativa en esta materia a aquellos que más han comprometido la estabilidad del Estado.

Si el tradicional pataleo de los socios de investidura viene a ser normal, también es habitual, y más preocupante, la imposibilidad de PP y PSOE para tejer alianzas, incluso en temas capitales que requieren de unidad. A través de su secretaria general, Cuca Gamarra, los populares recriminaban este lunes al presidente del Gobierno que no quiera pactar con ellos y prefiera antes buscar el apoyo de Bildu. Los recelos se intensifican con episodios cercanos como la intención de Sánchez de renovar el Tribunal Constitucional sin esperar a un pacto con el PP para el desbloqueo del CGPJ. No es de recibo que una cuestión de Estado, como los secretos oficiales, no contemple un necesario consenso de las dos fuerzas políticas que han guiado los destinos del país en la historia reciente. Ambos partidos debieran anteponer el bien común a sus objetivos electores. Tanto el que aspira a revalidar su mandato como el que se presenta como alternativa.