Que la inflación que estamos soportando es consecuencia del aumento de precios de la energía, es evidente. El precio del barril de petróleo, la caída de cotización del euro respecto al dólar, la inestabilidad del mercado del gas, todo esto añadido a la situación derivada de la invasión de Ucrania por Rusia ha generado un escenario de gran incertidumbre.
Ver cómo ha reaccionado el Gobierno francés, volcándose en conseguir su autonomía energética, incrementando la producción de origen eólico, solar y nuclear y eliminando la obtenida de combustibles fósiles, debería ser un ejemplo para, al menos, ponernos a debatir cuales son las alternativas que España tiene para lograr algo parecido.
De momento, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) descarta que la situación pueda derivar en una recesión, aunque si se reducirá el rebote que está teniendo el PIB después de la enorme caída experimentada por culpa del coronavirus. Pero indica que debemos estar en estado de alerta por el posible corte de suministro del gas ruso. Oír a la presidenta de AIREF (que es un organismo público, independiente, creado en 2013 a instancias de la UE, por la desconfianza que en Bruselas existía sobre los datos que los Gobiernos españoles remitían) que «el crecimiento será importante aún en 2022 por la recuperación de los servicios, la evolución del turismo y el impacto del Plan de Recuperación». Pero que todo puede verse afectado si Rusia corta el suministro de gas.
A esto se añade que la UE exigirá ajustes en 2024, obligándonos a reducir déficit y deuda. En estos momentos, la Comisión Europea, condiciona la entrega de ayudas a que no se aumente el gasto corriente por encima del crecimiento potencial, lo que supone tener un límite de 15.000 millones. Si se cumple el compromiso de subir las pensiones en el porcentaje de aumento del IPC, que se llevaría 13.500 millones, el Gobierno no podrá asumir, ni el gasto comprometido en Defensa con la OTAN, ni el aumento de gasto social que algunos socios le exigen al Gobierno como peaje para aprobar los Presupuestos. Este escenario obliga a exigir pactos de Estado para fijar los cambios estructurales que tenemos pendientes de hacer. Pactos que se deben llevar a cabo también al sector de la energía y al siempre pendiente Pacto por la Educación. ¿Existen los interlocutores adecuados para llevarlos a cabo?