El año que finaliza ha sido un periodo especialmente intenso para el sector agrario. Desde la perspectiva de la política agraria, 2022 ha sido un año clave en cuanto que durante el mismo se ha cerrado una larga negociación sobre el Plan Estratégico mediante el cual aplicar la Política Agraria Común en los próximos cinco años. Por su parte, en lo que afecta a la dinámica de la actividad en el día a día de las explotaciones agrícolas y ganaderas, 2022 ha sido el año de los precios, para bien y para mal -más bien para mal- si se considera que, como señalara recientemente el propio Ministerio de Agricultura, la renta agraria en moneda corriente en su cifra global cayó un 5,5%; y el 8,7% si se tiene en cuenta la inflación. Si se contempla, sin embargo, lo que correspondería a cada agricultor activo de esa cantidad total en moneda corriente, el descenso solo sería del 1,2% hasta situarse en unos 32.000 euros, al haber menos a repartir por registrarse un descenso oficial de profesionales del campo de algo más del 4% por la falta de relevo.

Con la invasión de Ucrania como telón de fondo, los precios han sido los principales protagonistas. De una parte, los costes de producción se dispararon para el sector, básicamente por los incrementos de los precios de elementos claves como los fertilizantes, la luz, los piensos o el gasóleo; y, de otra parte, también subieron las cotizaciones de los productos agrarios.

En el caso de las explotaciones ganaderas, los precios de los piensos se incrementaron en una media del 50%, lo que se tradujo en un ajuste obligado de las cabañas intensivas por la falta de rentabilidad. Ello dio lugar a una reducción en los censos, lo que se reflejó en un aumento de los precios de los productos en origen. Este fenómeno se manifestó de forma muy importante en la leche, que pasó de unos precios medios de 0,36 euros por litro a cerrar el año en el entorno de los 0,60 euros; y también en el porcino, que igualmente alcanzó cifras récord.

En lo que afecta a las producciones agrícolas, se registró una reducción generalizada de las cosechas. Especialmente acusada fue en los cereales, con una caída media de casi el 30%; pero esta situación se repitió en otras producciones como las frutas y hortalizas, el vino (que se quedó en 36 millones de hectolitros) y el olivar ( que este año llegará solo hasta unas 800.000 toneladas, un 40% menos que en la campaña anterior).

En todos los casos, las causas principales estuvieron en el clima: la sequía y la falta de agua en los embalses, las lluvias torrenciales en algunas zonas, los pedriscos, las bajas temperaturas ya entrada la primavera o el asurado en junio en el cereal. Al igual que en la ganadería, todo ello dio lugar a un fuerte incremento de los precios en origen, desde el cereal a las frutas, ingresos que en parte muy importante se los comieron los mayores costes de producción, especialmente de fertilizantes y energía (luz y gasóleo).

En conjunto, una cifra récord en el valor de las producciones, unos 63.000 millones de euros, pero también una cifra récord en costes hasta superar los 35.000 millones, lo cual ha hecho que los beneficios de agricultores y ganaderos se esfumaran en gran parte.

Estos fenómenos climatológicos aumentaron la siniestralidad en el campo y en las cuentas de las entidades aseguradoras, que habían tenido que asumir hasta el mes de octubre unos pagos por indemnizaciones de 714 millones de euros, cifra que puede llegar a niveles nunca vistos frente a unas primas de 800 millones de euros. Agricultura aumentó los fondos para subvencionar las primas en 60 millones hasta los 317 millones de euros, otra cifra récord.

El año ha sido escenario de las últimas negociaciones para elaborar el Plan Estratégico con el que aplicar la Política Agraria Común 2023-2027, gracias a la cual España recibirá anualmente unos 7.700 millones de euros entre pagos directos a la renta por diferentes vías y ayudas al desarrollo rural. Esta nueva reforma ha quedado marcada por una política verde con fuertes objetivos medioambientales, política redistributiva y está dirigida a los agricultores y ganaderos profesionales. Los perceptores de ayudas, por otra parte, deberán cumplir obligatoriamente las nuevas normas sobre condicionalidad y se abre la posibilidad de mayores ayudas con el cumplimiento de los eco-regímenes

Con la nueva Ley de la Cadena aprobada en diciembre de 2021 se obliga a que los productores perciban unos precios que cubran sus costes, pero se mantiene como un reto por cumplir, dado que desde diferentes sectores se han seguido denunciando incumplimientos.

La invasión de Ucrania -y sus consecuencias en los mercados internacionales- dio lugar a una política de ayudas para algunos de los sectores afectados con pagos de 166 millones para el sector de la leche y otro de 190 millones para el conjunto de los sectores ganaderos de carne y para los cítricos.

Los precios de la tierra en este contexto económico y con los fondos PAC prácticamente congelados, con datos de 2021, permanecieron estabilizados -con solo un incremento del 0,5%- en una media de 10.180 euros por hectárea. La horquilla está entre un secarral a 4.000 euros y una tierra de cítricos a más de 40.000, con los secanos para cereal a una media en el entorno de los 7.000 euros.

Los presupuestos del Ministerio, con un volumen de 8.970 millones, experimentaron un incremento de solo el 0,4% frente a los departamentos de género. Hay que apuntar, además, que el grueso de esa cantidad sigue llegando de Bruselas.

Para el comercio exterior agroalimentario ha sido un año positivo, con ventas de unos 60.000 millones de euros, un 11% más que el ejercicio anterior. Entre los productos más exportados ocupan un lugar sobresaliente las carnes, con el porcino a la cabeza, y las frutas y hortalizas, un valor seguro en las ventas españolas al exterior.

El endeudamiento agrario se mantuvo en los últimos meses entre los 21.000 y los 22.000 millones de euros. Y los créditos de dudoso cobro se han mantenido estabilizados en unos 1.000 millones, el 5% de los mismos.

Entre otros aspectos, cabe señalar la falta de información y asesoramiento a las explotaciones agrarias sobre el terreno, materia en la que tienen las competencias las comunidades autónomas, que no se lo toman como algo prioritario. Y parece definitivamente enterrada la posibilidad de la puesta en marcha de un sistema para medir la representatividad en el campo a nivel estatal, asunto en el que aspira a estar como una más la entidad Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que engloba a importantes organizaciones territoriales como Unión de Campesinos en Castilla y León, Unió de Llauradors en la Comunidad Valenciana o la Unión de Pagesos en Cataluña.

El año fue, además, escenario de una multitudinaria manifestación en Madrid, un hito histórico en el que unas 500.000 personas se reunieron en defensa del sector y del mundo rural.

Y los regantes comienzan el año con la posibilidad de contratar una doble potencia con las eléctricas, aunque no ven muy clara la nueva normativa para su aplicación.